La lucha contra la pobreza en América Latina

Desde que asumió el nuevo gobierno –todavía no han transcurrido ocho meses– definió como una de sus preocupaciones fundamentales la lucha contra la pobreza, flagelo social e indicio de injusticia que había crecido de manera vertiginosa en los últimos años, tanto en dictadura como en democracia.

La lucha pues contra la pobreza ha sido y es un eje articulador principal del conjunto de las políticas del gobierno. El tema, por supuesto, tiene innumerables aristas, que no vamos a abordar ahora.

Nos limitaremos a algunas consideraciones comparativas con otras experiencias de gobiernos populares en América Latina, en cuyo programa inmediato la lucha contra la pobreza constituye un punto de referencia constante y al que se dedican esfuerzos y recursos específicos.

En los últimos días se difundió un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo de la República Argentina. En el documento se detalla que: «pese a los incrementos salariales otorgados por el sector privado e incentivados por el gobierno, entre 2001 y 2004 el costo laboral cayó un 17 por ciento y el excedente empresario se incrementó 8,7 puntos porcentuales del PIB. Esa mayor acumulación no sólo se logró en los sectores de bienes transables como la industria (el excedente creció 17,8 puntos del producto sectorial), la agricultura (15,4) y la minería (7,1), sino también en la mayoría de los sectores no transables como el transporte y las comunicaciones (8,8), el comercio (6,4) y la construcción (5,5 por ciento).»

En otro tramo se señala que «el aumento del excedente empresario es la contracara de la reducción que se consolidó en los costos laborales respecto de 2001. Si bien a partir de 2003 y 2004 los costos comenzaron a crecer (5,9 por ciento acumulado) debido a los incrementos salariales, aún se encuentran 17 por ciento por debajo de los niveles vigentes en la convertibilidad.

(…) En todos los casos, la caída se debe a que los aumentos de precios sectoriales de la producción generados por la devaluación no se trasladaron completamente a los salarios y en algunos sectores, como por ejemplo la industria, también se deben contabilizar incrementos en la productividad laboral que tampoco fueron trasladados en su totalidad. Un informe del Instituto para el Modelo Argentino revela que de 22 sectores industriales, 18 incrementaron su productividad, pero en 20 el salario real se encuentra por debajo de 2001.»

Salvadas las distancias, también el de Venezuela es un ejemplo de lo duradero que resultan en el cuerpo social las cicatrices del modelo neoliberal aplicado durante decenios.

Recientemente se han difundido indicadores socioeconómicos que muestran los grandes esfuerzos que viene realizando el gobierno del Presidente Hugo Chávez en la lucha contra la miseria que hasta hace pocos años llegó a afectar a casi un 50% de la población de uno de los países más ricos del continente.

La experiencia venezolana resulta particularmente significativa, dados los recursos materiales, la energía y la creatividad desplegada por el gobierno popular bolivariano y por la disponibilidad de divisas nacidas de la renta petrolera de que dispone el Estado venezolano.

Un Estado que –en el ciclo anterior al ascenso de Chávez– ha conocido niveles de enriquecimiento portentosos, acompañados de un altísimo grado de descomposición política y de sometimiento internacional a los intereses petroleros trasnacionales y a las exigencias políticas y diplomáticas de los EEUU.

En ningún otro país de América, salvo Cuba, y en muchos aspectos con el apoyo material, técnico y práctico del Estado cubano, como en Venezuela se ha desarrollado con tanta fuerza y tanta coherencia una lucha global e implacable contra la pobreza.

No obstante estos significativos esfuerzos, las autoridades bolivarianas y las instituciones estatales de estadística siguen indicando todavía la existencia de porcentajes relativamente significativos de pobreza, de retraso educativo, sanitario y en materia de viviendas. La herencia de decenios de subdesarrollo y desigualdades sociales no resulta fácil de revertir, pese a los recursos y las orientaciones igualitaristas de la actual administración. *