Un gobierno de transición

En nuestro editorial del martes 4 analizamos el fenómeno del apoyo que recibe la gestión de Astori entre los votantes de la izquierda. El alto grado de aprobación a la conducción del equipo económico –que mantiene la disciplina fiscal y otros compromisos con las recetas fondomonetaristas– parecería estar en contradicción con las protestas de varios sectores que reivindican las viejas banderas de la izquierda y exigen que el gobierno proceda a los cambios prometidos durante la campaña electoral. Es así que el adjetivo «continuista» reaparece con suma frecuencia para calificar (o mejor dicho descalificar) la política económica del gobierno progresista. Y en efecto, una mirada superficial permitiría suponer que los axiomas del neoliberalismo mantienen plena vigencia.

Veamos. La doctrina emanada de Mont Pélerin propone la minimización del papel del Estado pues sostiene que el crecimiento sólo es posible si la actividad se deja en manos de la iniciativa privada, la única capaz de dar impulso a la actividad económica y que, a diferencia de la estatal, es eficiente y asegura el desarrollo porque persigue el lucro. El razonamiento es sencillo: hay que atraer inversores, y, para que estos capitalistas se sientan atraídos, es preciso darles ciertas ventajas, liberar la economía, fomentar la competencia, eliminar barreras arancelarias, desregular las relaciones laborales.

Claro que mientras se va produciendo el dichoso crecimiento de la mano de los inversores privados, se producen algunos desajustes: desempleo, depreciación del salario, aumento de tarifas públicas, retracción del mercado interno, emigración, pobreza, marginación, aumento de la violencia delictiva, etcétera, etcétera. Estas calamidades son el precio a pagar por el desarrollo y la riqueza, lo que suele llamarse –con un pulcro eufemismo– «inevitables costos sociales» del crecimiento del que más tarde se beneficiarán todos.

Ahora bien. ¿Es razonable proceder a una ruptura, a un corte abrupto con un modelo mundializado desde hace decenios? Entendemos que ni la coyuntura internacional, ni las condiciones del país habilitan los cambios drásticos. Cuando se instaló el primer gobierno democrático después de la dictadura –la primera presidencia del doctor Sanguinetti–, se decía que estábamos en un gobierno de transición. En cierta medida fue así, pero en lo relativo a la política económica y a los aspectos sociales, no hubo transición alguna pues no sólo se consagró la impunidad de los terroristas de estado sino que las distintas administraciones que se sucedieron se mantuvieron aferradas a las recetas de la escuela de Chicago.

Decíamos en ese editorial del martes 4 a que aludimos al comienzo:

«Las cifras son elocuentes: evidentemente, esa voluntad de cambio no implica transformaciones revolucionarias ni cambios drásticos. Es la voluntad mayoritaria de una población castigada por malos gobiernos que se limitaron a administrar (mal) la crisis.

Es probable que muchos uruguayos estén desconformes con los aumentos salariales previstos en el Presupuesto, por ejemplo, o con otras medidas del gobierno, pero la mayoría de la población advierte que la conducción económica actual es la más acertada».

En rigor, la verdadera transición ha comenzado con el actual gobierno de izquierda. Y ha comenzado con pasos no demasiado espectaculares pero firmes y seguros. La reestructura de la DGI y la coordinación con otros organismos recaudadores, el estricto control en los gastos y las exigencias de cristalinidad, la proyectada reforma tributaria, la puesta en funcionamiento de los consejos de salarios y las normas tendientes a proteger la actividad sindical, son todas medidas que significan en sí mismas cambios importantes que rompen con el continuismo de blancos y colorados y que se inscriben en un proceso de transición de un modelo agotado a otro que se propone el crecimiento económico con justicia social. *