Negligencia o dolo

En una acción digna de las películas policiales a que Hollywood nos tiene acostumbrados, la calma provinciana propia del Uruguay se vio sacudida con la noticia de una fuga de reclusos de la cárcel de mayor seguridad del país.

No se trató, en este caso, de delincuentes de poca monta que, aprovechando un descuido de la guardia recuperan la libertad sin haber sido alcanzados por los beneficios de la ley de humanización de cárceles; los protagonistas de la fuga son un conocido delincuente uruguayo y un extranjero sobre el que pesan pedidos de extradición de dos países por tráfico de drogas y de armas.

Como queda dicho al comienzo, las características del operativo de rescate nos recuerdan hechos que suelen ocurrir en otras latitudes y que conocemos merced al cine de acción: falsos agentes de inteligencia, documentación fraguada, órdenes telefónicas apócrifas; todo un montaje perfectamente aceitado, un plan pergeñado por delincuentes de alto vuelo para asombro de los uruguayos, acostumbrados a fugas por túneles y carbonerías. Pero más allá de la anécdota –que por tales razones generó curiosidad y hasta cierta novelería en la población– el suceso deja al desnudo carencias graves en lo que tiene que ver con la seguridad de los organismos encargados de brindarla, al margen de despertar fundadas sospechas de corrupción.

El propio titular del Ministerio del Interior, el doctor José Díaz, admitió que la institución policial se presta a ser objeto de intentos de soborno ya que los funcionarios (precisamente por razones funcionales) están en contacto con el submundo del hampa: «la Policía está muy cerca de las tentaciones de los más peligrosos delincuentes, los del crimen organizado, que son los que tienen más recursos», aseveró el ministro.

Desde que asumió al frente de su cartera, el doctor Díaz –junto a su equipo– ha desarrollado una labor encomiable que ha permitido en pocos meses que la Policía exhibiera una eficiencia que no se le conocía, con lo que su tarea preventiva y represiva dio frutos apreciables. A la vez, se procedió a una reorganización administrativa que priorizó el profesionalismo y la solvencia funcional por encima de amiguismos y lealtades partidarias; y paralelamente, se extremaron los controles y la vigilancia para ir erradicando las prácticas de corrupción.

En este contexto, la fuga de dos notorios y peligrosos delincuentes del Penal de Libertad puede ser explotada por la oposición para intentar empañar la gestión inobjetable y eficaz llevada a cabo por el Ministerio del Interior. Ya se han dispuesto investigaciones, sumarios y diversas medidas administrativas para determinar responsabilidades y eventuales dolos.

La fuga sólo se explica por negligencia (impericia, omisiones) o por soborno; se trate de una o de otro, las autoridades del ministerio deberán actuar en consecuencia aplicando las sanciones previstas y, eventualmente, radicando la correspondiente denuncia ante la Justicia.

La sociedad necesita volver a confiar en la Policía. *