Ascensos a general del Ejército

En estos días el Parlamento se encuentra discutiendo un Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo en el que se modifican las normas para establecer el ascenso a General.

Se trata de un tema de mucha importancia, tanto desde el punto de vista técnico profesional como desde el punto de vista más amplio y delicado de las relaciones del Ejército con el Poder Ejecutivo.

Como es obvio, no es la primera vez en el país que ese tramo del funcionamiento de las designaciones castrenses es objeto de modificaciones legales.

Es un tema que, por lo demás, es imposible abordar sin tener en cuenta cuál es el perfil y la historia reciente de las fuerzas representadas en el Poder Ejecutivo y cuál el de los mandos que forman parte del elenco disponible para la sustanciación de los nombramientos.

El hecho que no puede ser obviado es que, después de más de una treintena de años de hegemonía de determinadas concepciones político-militares y de predominio absoluto de los ingredientes blancos y colorados que se sumaron a esas concepciones, el cuerpo de oficiales coroneles en condiciones de ascender al generalato tiene una importante dosis de homogeneidad.

No estarán en un cien por ciento alineados en las doctrinas imperantes desde los años sesenta pero todo parece indicar que el índice es alto.

El pensamiento compacto en unas concepciones propias de otros períodos de la vida del país, y con nefastos resultados para valores de libertad y democracia, no ha sido un hecho de la naturaleza. Por el contrario, para su conformación operaron desde las presiones externas provenientes de las escuelas de formación radicadas en los Estados Unidos, hasta las ideologías predominantes en los países más próximos de nuestra región, empezando por el Chile de Pinochet, la Argentina de Videla, el Paraguay de Stroessner y el Brasil de Garrastazú Medici y sus sucesores.

Y todos los que no estaban alineados con esas concepciones fueron “purgados” conociendo luego las persecuciones y la cárcel y simplemente por aplicación del llamada Inciso G de la Ley Orgánica Militar, pasados compulsivamente a retiro.

En el plano interno, las mayorías políticas predominantes en los partidos tradicionales, lideradas por Sanguinetti, Lacalle y Batlle, alentaron también la supervivencia de esas concepciones y la única disidencia ante ese proceso estuvo encarnada en el ferreirismo, que no tuvo duración ni fuerza suficiente como para plasmar una reforma democrática en el ordenamiento normativo ni en las concepciones predominantes en las Fuerzas Armadas.

Aunque eso no da mérito para una sentencia definitiva, la notoria falta de colaboración (y el recurso al falseamiento y la mentira) en torno a las investigaciones sobre los restos óseos de víctimas de la dictadura, ha mostrado las dificultades que subsisten en el colectivo militar para aceptar las decisiones del poder civil y ajustar sus relojes con el pulso del conjunto de la población uruguaya.

El proyecto de Ley a estudio en el Parlamento abre al Poder Ejecutivo una nómina amplia de coroneles (más de 100) en lugar de la lista restringida del 30% que establecen las normas actuales.

Las virtudes del concurso como camino preferente para determinar los ascensos en la jerarquía militar se encuentra empañado hoy por la obstinación mostrada por las jerarquías militares durante los últimos decenios en el sentido de seguir reproduciendo las mismas concepciones que han llevado a las fuerzas armadas a una posición tan distanciada del pensamiento y del sentir de la mayoría de los uruguayos.

En el plano político, resultan absurdos los argumentos de quienes fomentaron y apoyaron la peor de las formas de politización de las fuerzas armadas, con el aliento al autoritarismo y al golpismo, cuando alzan sus voces ahora alegando que este Poder Ejecutivo es el que busca politizar a las Fuerzas Armadas.

Es un buen tema para discutir a fondo. Y para que en él se oigan todas las voces. *