Una luz en las sombras carcelarias

Ha comenzado sus trabajos el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. Se trata de un aporte fundamental para superar la grave situación de las cárceles.

El doctor Alvaro Garcé, que ejercerá las funciones de Comisionado durante cinco años (con posibilidad de ser reelecto por cinco más) fue seleccionado con el mayor rigor y garantías entre los aspirantes que se presentaron al llamado público realizado por una comisión especial de la Asamblea Legislativa. Corresponde destacar que los integrantes de dicha comisión analizaron con especial cuidado los méritos, currículos y documentos presentados por todos y cada uno de los aspirantes. Todos, es importante reiterar, con méritos relevantes. La comisión procedió, luego, a una preselección, determinando las ocho personas con más méritos. En valoraciones posteriores, acordadas sucesivamente por unanimidad (y en las últimas instancias por voto secreto) actuó también de manera ejemplar, demostrando, así, que es posible resolver con transparencia, con garantías y por acuerdo de todos los partidos y sectores. En otras palabras: la comisión no actuó de acuerdo con la norma antigua de que la política es el arte de lo posible, sino a la norma moderna de que la política es el arte de hacer posible lo que puede parecer imposible. Así, en ningún momento se insinuó, siquiera, la posición o puntos de vista políticos de los aspirantes. Además, la Comisión convocó como asesores, a sus deliberaciones, al autor del proyecto de Comisionado, doctor Daniel Díaz Maynard, de actuación excepcional como diputado, integrante de la comisión especial del Parlamento Latinoamericano que analiza los problemas carcelarios, y a dos personalidades que trabajan desde el Patronato de Encarcelados y Liberados: el señor Oscar Ravecca y la licenciada Cristina Gil. El trabajo de selección fue tan cuidado –y honroso para el propio Parlamento– que la designación, que debía contar de acuerdo con la ley con tres quintos de votos en la Asamblea General, obtuvo el respaldo unánime. Con aval de la totalidad de los legisladores comienza, pues, su labor, el primer Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario en la historia del país.

Ya en una de sus exposiciones ante la comisión de la Asamblea Legislativa, el doctor Garcé (un hombre joven pero con tiempo suficiente de vinculación con los problemas que enfrentará) propuso varias líneas de acción. Algunas de ellas, como sus planteos relativos al trabajo de los internos, a la educación y a la atención de la salud de los mismos, ya han tenido un comienzo de concreción legislativa en la ley de humanización y modernización carcelaria. El Comisionado será, por cierto, un factor esencial para que esos objetivos se concreten en hechos.

También en la ley que acaba de aprobar el Senado se determina un cambio en la administración de las cárceles. De una Dirección Nacional encargada de sólo algunas (Libertad, Comcar, La Tablada, Tacoma, Cárcel Central y Cabildo), y de cárceles departamentales cada una de las cuales depende del respectivo jefe de Policía, lo que significa, a juicio del Comisionado, «una dispersión en múltiples centros de poder», ahora se pasará a transitar por un camino «para una racionalización de la conducción».

El comienzo de los trabajos del doctor Garcé coincide con los esfuerzos del Ministerio del Interior para enfrentar (con lineamientos largamente analizados de una política carcelaria) una realidad de grave emergencia humanitaria.

Las cárceles están como están, destacó por los años noventa ante la Comisión de Derechos Humanos una destacada abogada de oficio, porque durante décadas no ha existido en el país otra política carcelaria que hacer de los establecimientos penitenciarios depósitos de seres humanos.

Ahora comienzan a aplicarse las líneas de una política carcelaria. Habrá que comenzar, como señaló el Comisionado, por cumplir con la Constitución, la ley y los convenios internacionales firmados por Uruguay. Entre otras funciones, el Comisionado podrá realizar inspecciones, formular recomendaciones, solicitar informes, escuchar los planteamientos de reclusos y de familiares, y realizar un informe anual a la Asamblea General en el que analizará la gestión cumplida, con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas». Dicho informe deberá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general y, cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá brindar informes extraordinarios.

El Comisionado escuchará (y llevará un registro) de los planteamientos y quejas que internos y familiares de los mismos le formulen. Podrá tramitar, o rechazar en escrito fundado las quejas, y hasta podrá proceder a la denuncia penal correspondiente cuando considere que existen delitos.

El doctor Garcé ya ha comenzado a recorrer las cárceles de todo el país. Lo ha considerado imprescindible «para difundir las competencias del Comisionado, evaluar las condiciones de las cárceles» y proponer medidas (incluso medidas legislativas) para superar una realidad que es claramente violatoria de derechos humanos. Trabajará para que se cumplan en las cárceles la Constitución y la ley. Ello no es, como suelen expresar los que ignoran la realidad, «ocuparse de los victimarios y no de las víctimas». Porque si las cárceles son lugares donde se somete a quienes han incurrido en delitos a condiciones de bestialización, de agresión y malos tratos, donde no se trata de favorecer la integración -como muchos presos desean- al medio familiar y social, pasado el tiempo, cuando los presos son liberados, la sociedad será la que finalmente sufrirá el contar con escuelas del delito y no con lugares donde se abran posibilidades de rehabilitación.

El cargo de Comisionado tiene una inmensa tarea. No es, por cierto, como ha dicho el doctor Garcé, para pasar en el despacho; requiere mucha presencia en las cárceles, mucho contacto con los familiares, con los internos y, sobre todo, una actitud abierta a recibir inquietudes.

Una actitud así merece el apoyo de todos. Y si la sociedad actúa en tal sentido, podremos superar una realidad que es una vergüenza nacional. *