Humanización y modernización

Entró finalmente en vigencia la polémica Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario. En aplicación de la nueva norma recuperaron la libertad los 12 primeros beneficiados, en un hecho que mereció una cobertura periodística inusual. Y a pesar de que algunos medios audiovisuales avasallaron la privacidad de los reclusos liberados en un show de mal gusto (hecho analizado con agudeza por Raúl Legnani en una columna publicada el sábado pasado), e intentaron por todos los medios presentarlos como inminentes reincidentes, los resultados parecen, a primera vista, alentadores.

No bien el ministro José Díaz anunció su propósito de descongestionar, humanizar y modernizar el sistema penitenciario, la artillería de las fuerzas conservadoras hizo oír su cañoneo incesante contra la iniciativa. Contaron, fuerza es recordarlo, con el invaluable apoyo de los medios del establishment, voceros oficiosos y gozosos del pensamiento reaccionario. Fue así que blancos y colorados pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de que un cierto porcentaje de reclusos recobrara su libertad, y los medios obsecuentes se ocuparon febrilmente de aportar estadísticas y gráficas que supuestamente avalaban las voces de alarma. Es que la derecha no es capaz de hallar otra solución al problema del incremento de la actividad delictiva que no sea el aumento del rigor punitivo.

Como pretenden erigirse en intérpretes del sentir de la sociedad y en celosos guardianes de la seguridad ciudadana, no dudaron en generar alarma pública anunciando calamidades varias en caso de aprobarse la iniciativa. De ese modo, instalaron en el espíritu de la comunidad la idea de que el gobierno se proponía liberar a los peores delincuentes, dispuestos a volver a sus fechorías con total impunidad, con lo cual los ciudadanos honestos quedarían a merced de peligrosos malhechores. De paso, instalaban también la idea de que los infractores son irrecuperables.

No deja de resultar paradojal que los propios políticos que con sus omisiones y su desidia crearon las condiciones para que se desarrollara la delincuencia, exhiban preocupación por la falta de seguridad que vive la socieadad. Del mismo modo, son también los responsables del estado calamitoso de los establecimientos de reclusión, que se han tornado un mero depósito de infractores a quienes es imposible rehabilitar y reeducar para insertarlos en la sociedad.

La derecha ha insistido en su vieja y única receta –ya probada y de nulo efecto práctico– de aumentar las penas y de crear nuevos delitos. Leyes penales más severas, mayor tiempo de reclusión, mayor libertad de acción para la Policía han sido las «soluciones» propuestas por quienes se muestran incapaces de comprender la etiología del fenómeno del incremento de la delincuencia y nunca estuvieron dispuestos a atacar sus causas.

Con esta ideología, fácil es comprender que haya llegado un momento en que las cárceles no dieran a basto. Y la negligencia de los gobiernos conservadores tampoco les permitió mejorar la capacidad locativa ni las condiciones de reclusión de los establecimientos penitenciarios.

La Ley es un primer paso hacia un abordaje diferente de la problemática. El papel dado al Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados del Uruguay permite abrigar la esperanza en que se llegue, por fin, a la rehabilitación de los infractores.

La prensa ha informado del acatamiento unánime, de parte de los reclusos liberados, de presentarse al Patronato de forma de que éste pueda proceder al seguimiento y la asistencia de aquéllos.

Enhorabuena. El Estado empieza a saldar su deuda con los uruguayos que el modelo y sus crisis empujaron a delinquir. *