Nuevos hechos iluminan el pasado

El Dr. Sanguinetti acaba de declarar en estos días que si durante el ejercicio de su magistratura no había avanzado más en el conocimiento de la verdad sobre los desaparecidos, ello se debió a que los oficiales superiores no le habían proporcionado la información requerida.

Se supone que la denuncia de esta dificultad abarcó circunstancias provenientes tanto la primera como la segunda presidencia del dirigente colorado, entre 1985-1990 y 1994-2000.

No hemos oído hasta ahora «explicaciones» de ese tipo por parte del Dr. Lacalle, pero perfectamente podrían contener el mismo sentido exculpatorio.

El hecho significativo es que el Dr. Sanguinetti da cuenta de una omisión en su línea de acción gubernamental.

Recuérdese que en el momento de la asunción del mando y la ceremonia realizada en el Palacio Legislativo el 1º de marzo de 1985, el tramo más celebrado del discurso del flamante presidente electo fue el que hizo referencia al hecho de que a partir de ese momento el gobierno constitucional se hacía cargo, plenamente, del mando superior de las Fuerzas Armadas.

Ahora resulta que ese objetivo primordial no fue alcanzado, o al menos no lo fue en aquellas áreas referidas a la responsabilidad de los gobiernos dictatoriales anteriores y de los mandos militares en relación a los crímenes cometidos durante el período de despotismo cívico militar.

Es posible que el Dr. Sanguinetti, ser pensante de vasta experiencia política, haya imaginado que el afán por conocer la verdad y hacer justicia sería rápidamente desvanecido en la sociedad uruguaya y que todo el mundo aceptaría con resignación sus propuestas de dar vuelta la página, no mirar para atrás e instalar la «reconciliación» a costa del conocimiento de la verdad y de la participación de la justicia. Y del virtual desacato de los mandos.

Este pequeño episodio en torno al pensamiento de Sanguinetti muestra por un lado la trascendencia, histórica y simbólica, que poseen las decisiones adoptadas por el Dr. Tabaré Vázquez. Al cambiar radicalmente el rumbo de la administración en el tratamiento a las violaciones a los Derechos Humanos, Tabaré Vázquez pone en evidencia todo lo que no se ha hecho en ese sentido así como la vastísima red de complicidades civiles y de funcionarios enquistados en distintos poderes del Estado que explican y dan consistencia y apoyo al mantenimiento de la impunidad.

Las repercusiones que la actual búsqueda en las unidades militares ha tenido sobre la población son difíciles de evaluar. Pero resulta de una claridad meridiana que los defensores, políticos y mediáticos, de la impunidad no han hecho sino perder terreno.

La idea de la existencia de un sector del aparato del Estado que goza de impunidad, que ha actuado no sólo con permiso para matar sino también para perder las evidencias y engañar deliberadamente al público ha causado un impacto muy profundo en la sociedad uruguaya. Especialmente entre la gente más joven, con sus resortes de rebeldía e indignación más intensos y más a flor de piel.

La cultura de la impunidad fue demasiado lejos en sus relaciones con la sociedad uruguaya. La mirada indagatoria y el espíritu crítico, característico de un pueblo politizado y culto, como es el nuestro, buscan desentrañar la verdad que los mandos militares vienen ocultando.

Cabe preguntarse hasta cuándo se mantendrán ocultas las pruebas del destino final de los detenidos desaparecidos que, ante el Presidente de la República, los mandos militares se comprometieron a investigar y difundir el resultado de sus indagaciones.

Nos encontramos todavía en la mitad del río. Los indicios son muchos, pero todavía queda un trecho a recorrer.

Lo que resulta claro es que una masa creciente de uruguayos no está dispuesta a aceptar nuevas «puestas en escena» carentes de datos precisos y concretos. *