Civiles colaboracionistas y terrorismo de Estado

Como consecuencia de las acciones judiciales contra Juan Carlos Blanco –ya procesado por el secuestro y desaparición de Elena Quinteros– y contra Juan María Bordaberry por el múltiple asesinato del 20 de mayo de 1976, ciertos prohombres de la derecha han advertido que la Ley de Caducidad exhibía lagunas e intentan rescatar un proyecto de ley que pretende corregirlas sin darse cuenta de que ya no cuentan con mayoría en el Parlamento. Hablan de ciertas «fisuras» en el manto de amparo con que se pretendió proteger a los terroristas de Estado, fisuras a través de las cuales se filtra la implacable acción de la Justicia. De lo que se trataría, en definitiva, es de extender la impunidad también a los civiles colaboracionistas, autores directos de delitos de lesa nación y cómplices de los de lesa humanidad.

Pero no son los aspectos jurídicos el objeto de esta nota pues la letra de la norma es suficientemente clara y refleja el espíritu que animó a su principal impulsor, el líder blanco Wilson Ferreira Aldunate. Lo que sí nos interesa destacar es la responsabilidad de esos funcionarios civiles, muchos de ellos con títulos universitarios, que no vacilaron en desempeñar el triste papel de prestarse a dar un barniz de legitimidad al régimen de facto.

Al respecto, es ilustrativa una entrevista a la esposa del doctor Blanco que publicó El País en noviembre de 2002 y que vale la pena recordar hoy. Preguntada sobre si el entonces canciller recibía reclamos internacionales por las violaciones a los derechos humanos, la entrevistada responde narrando una anécdota que viene a ser el reconocimiento casi explícito de que no se respetaban los derechos humanos y la consiguiente justificación de los brutales excesos en la represión de los opositores al régimen de facto. Dice la señora Rocío Larrieux de Blanco que en oportunidad de una visita que el encargado de DDHH de la Comunidad Europea hizo a su esposo para expresar su preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el canciller le dijo al visitante que si éste le contaba cómo hacían los ingleses para sacar información a los prisioneros nazis, él le aseguraba que las autoridades uruguayas harían exactamente lo mismo; lo que equivale a admitir la tortura como medio para obtener información. La sinceridad brutal de tal reconocimiento no exime de culpa a quien lo formula; y resulta sorprendente que alguien profundamente religioso como el ex canciller haga suya la máxima de que el fin justifica los medios.

Si de lo que se trataba era de obtener información para desarticular las organizaciones opositoras, y para ello el camino más expeditivo era infligir tormentos a los detenidos para obligarlos a confesar y delatar a sus compañeros, era menester tolerar los excesos pues estaban plenamente justificados. Una lógica perversa y por esencia anticristiana sirve de respaldo a las vesanias más atroces.

De todos modos, estos pulcros doctores jamás se encargaron de aplicar la picana ni el tacho a nadie; como es habitual, otros se ocupaban del trabajo sucio. El manto de impunidad de la Ley de Caducidad protege a éstos pero no a aquéllos, a los civiles cuya responsabilidad en los crímenes es tanta o mayor que la de los uniformados. *