Los asesinatos ocultados por la dictadura

En el informe entregado por el comandante general del ejército, teniente general Angel Bertolotti, al presidente Tabaré Vázquez con fecha 8 de agosto de 2005, en relación con la situación de los detenidos-desaparecidos se dice: «…cuando un detenido fallecía antes, durante o después de los interrogatorios, no se daba intervención a la Justicia, y en algunos casos se le comunicaba que se había producido una fuga, lo que determinaba un comunicado solicitando su detención, habiendo el ciudadano fallecido con anterioridad. En algunos casos únicamente se emitía un comunicado solicitando su requisitoria para ocultar su fallecimiento». Esto consta en el Capítulo III, titulado Detenidos, después de una Introducción (capítulo I) y de una descripción de la metodología de trabajo (capítulo II).

En el Anexo Nº 1 de dicho documento, en que se detalla la situación de 27 detenidos-desaparecidos, en el punto 9 referido a Julio Lorenzo Escudero Mattos se expresa: «Posteriormente a su fallecimiento se realizó un allanamiento en su domicilio y se solicitó la captura como medida de encubrimiento». Fue detenido por la OCOA el 29 de octubre de 1976 y recluido en el «300 Carlos» (Servicio de Material y Armamento) donde falleció por torturas en los primeros días de noviembre.

En el mismo Anexo figura con el Nº 12 Luis Eduardo González González, respecto del cual se dice: «Se pretendió encubrir su muerte con un comunicado de prensa en que se ponía en conocimiento su fuga». Fue detenido el 13 de diciembre de 1974, torturado en el Regimiento de Mecánicos Nº 6, donde falleció a fines de ese mes.

El mismo 8 de agosto le fue entregado al presidente Vázquez el informe de la Fuerza Aérea, suscrito por su comandante en jefe, Tte. Gral. (Av.) Enrique A. Bonelli. Allí se hace referencia especial a dos militantes comunistas muertos en la tortura: José Arpino Vega y Ubagesner Chávez Sosa. Sobre el primero se señala: «El Sr. José Arpino Vega fue sometido a apremios físicos durante el interrogatorio, falleciendo en la madrugada del 28 de abril de 1974. Ocurrido el hecho, la intención fue entregar el cuerpo a los familiares, pero al no poder presentar certificado de defunción, se procedió a montar un operativo simulando su fuga y sepultando con cal el cadáver en una chacra, sita en Camino de las Piedritas correspondiente a la Seccional Judicial Nº 7 del departamento de Canelones, próximo a la ciudad de Pando; predio que estaba en custodia de la Fuerza Aérea…» Arpino había sido detenido el 18 de abril de 1974 junto con su esposa e hijo en su domicilio de Delta del Tigre, departamento de San José.

Sobre el segundo, detenido el 28 de mayo de 1976 y trasladado a la Unidad de Servicios del aeródromo «capitán Boiso Lanza», el informe expresa: «El Sr. Ubagesner Chávez Sosa fue sometido a apremios físicos durante el interrogatorio, falleciendo posteriormente durante la noche del 1 o el 2 de junio de 1976. Ocurrido el hecho, la intención fue entregar el cuerpo a los familiares, pero al no poder presentar un certificado de defunción, se procedió a montar un operativo simulando su fuga y sepultando con cal el cadáver en una chacra… (sigue el mismo texto que en el caso anterior).

Queda pues comprobado que, como lo denunciaron en su hora los luchadores antidictatoriales dentro y fuera del país, varios compatriotas fueron asesinados en la tortura, pero la dictadura pretextó que habían intentado fugar y resultaron muertos en el intento, en aplicación de la llamada ley de fugas. Esta versión falaz y miserable fue propalada por todos los medios al servicio de la dictadura. En particular por el diario El País, que oficiaba como su vocero incondicional. (Aunque no era el único que marcaba el paso).

Precisamente sobre estos temas gira el editorial de dicho diario del pasado domingo 21. Comienza por resucitar la teoría de los «dos demonios» que acaba de ser rechazada por el presidente Vázquez al desmentir de plano una provocación urdida por Clarín de Buenos Aires utilizando como agente a Zelmar Lissardy, en el sentido de que el gobierno decretaría una amnistía para los militares violadores de los derechos humanos. Al final, aludiendo a los militares golpistas, el diario escribe: «En junio de 1973 dieron un golpe de Estado absolutamente injustificable. Clausuraron el Parlamento», etc. Con esto pretende hacer olvidar que durante esos once años de plomo, la dictadura no tuvo servidor más obsecuente que el diario El País, apto para todo servicio. En sus páginas se justificaron todos los crímenes de la dictadura y se publicaban los requerimientos de las fuerzas conjuntas, que señalaban como criminales a los luchadores por la libertad y llamaban a delatarlos. Hombres del riñón de El País, como Viana Reyes y Narancio, fueron interventores de la Universidad. Y en cuanto al Parlamento: ellos no sólo aplaudieron su clausura con las dos manos sino que, cuando los diputados y senadores electos por el pueblo fueron expulsados en la noche del 27 de junio de 1973 y luego reemplazados por una cáfila de serviles, ineptos y corruptos, se sentó entre ellos el director y redactor responsable de El País, Daniel Rodríguez Larreta. *