La verdad con cuentagotas

Los efectos, directos e indirectos, de las resoluciones adoptadas por el Poder Ejecutivo con el propósito de avanzar en el conocimiento de la verdad siguen conmoviendo al país.

Ya sea por sus connotaciones directas, ya por las repercusiones que tiene en cada uno de los ámbitos implicados.

A partir de un rechazo muy firme, por parte de la Asociación de Madres y Familiares de Desaparecidos, al contenido de los informes proporcionados por los altos mandos militares, especialmente el de la Marina, otras esferas de la opinión pública se han ido pronunciando, en forma categórica, acerca de la insuficiencia, o la virtual nulidad de los supuestos «nuevos» informes firmados por los altos mandos.

A nadie se le escapa, y en ese sentido ha sido muy enfática la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, la extrema gravedad que significaría constatar que se ha producido una nueva maniobra dilatoria o un nuevo acto de ocultamiento en la información militar proporcionada, en este caso, a su superior jerárquico, el Poder Ejecutivo.

Por lo demás, la afloración de nuevas informaciones no ha cesado por la entrega de los informes de los jefes de las fuerzas de tierra, mar y aire.

Más bien empiezan a insinuarse notorias contradicciones en cuanto al contenido de los informes.

En la opinión pública, y de manera creciente, predomina una atmósfera en la que se siente que en cualquier momento pueden aparecer nuevos testimonios, nuevos datos o pruebas de lo ocurrido.

La forma como los hechos fueron ocultados a partir de la existencia de un supuesto «pacto de silencio» y de la realización de múltiples operaciones en unidades militares, destinadas a engañar a la población, hacen que estos nuevos elementos de información generen una profunda, y hasta ahora serena, conmoción.

Los informes militares se refieren con mucha naturalidad a la realización de la «Operación Zanahoria», como si formara parte de prácticas profesionales del colectivo militar universalmente admitidas.

En los informes se lee: «Operación Zanahoria» por aquí, «Operación Zanahoria» por allá.

¿En qué consistía la «Operación Zanahoria»?

Consistía, como se ha dicho, nada más ni nada menos que en el esfuerzo de un sector del aparato estatal, el Ejército, que se empeñaba por poner obstáculos a la eventual actuación de otro órgano del Estado, como lo es el Poder Judicial.

Algunos jerarcas militares dieron órdenes destinadas a hacer un ocultamiento sistemático de evidencias. Acciones, todas ellas, realizadas desde el Estado. Eso sí, guardando el secreto. Manteniéndose dentro de la lógica del «pacto de silencio», al que absurdamente ahora se pretende haber convertido al rango de norma constitucional.

El país tendrá que sufrir, entonces, no sólo la Ley de Caducidad sino también de una «norma» secreta, tácita y, por ser secreta y tácita, peor que la Ley de Caducidad, que fue el «pacto de silencio», ya consagrado con anterioridad al restablecimiento de la democracia.

Ocultamiento de los restos, ocultamiento de la verdad. Pero también informaciones falsas, como las que se hicieron llegar a la Comisión para la Paz, y sobre las que ahora, con mucha displicencia, se refieren los anexos de los informes militares dirigidos al Poder Ejecutivo.

Parece claro que, en los informes elevados hasta ahora, no se está cumpliendo a cabalidad con la expresa voluntad del Presidente de la República y del gobierno.

No obstante, el reconocimiento de la realización de un segundo vuelo, tesis desarrollada por el periodista de investigación Roger Rodríguez y difundidas oportunamente por LA REPUBLICA, prácticamente en solitario, produce un cambio importante en la asunción de responsabilidades: más de una veintena de uruguayos, cuya desaparición se atribuía a las autoridades militares argentinas, fueron trasladados y ultimados en Uruguay.

Eso amplía el campo de responsabilidades y la naturaleza de los delitos cometidos. *