Blancos y colorados ante las investigaciones

No era necesario conocer los resultados de las encuestas que revelan la aprobación que una amplia mayoría de la población viene dando a las actuaciones del presidente Vázquez, referidas a las investigaciones por los desaparecidos.

Resulta muy claro que la ciudadanía, incluso una parte importante de los que no han votado al Frente Amplio, ha visto con alivio que por fin se empezaran a derrumbar los muros del silencio que rodeaban a las actuaciones represivas desarrolladas durante la dictadura.

Dejando de lado, por ahora, una estimación más exhaustiva acerca de lo que significa el retaceo de información que llevan adelante las autoridades militares, la pereza con la que se mueven cuando de lo que se trata es de informar sobre las violaciones a la ley cometidas por militares durante la dictadura, dejando de lado eso, decíamos, resulta un poco sorprendente la actitud de los líderes de los partidos tradicionales, o al menos de buena parte de ellos, con relación a la búsqueda de la verdad que se promueve desde la Presidencia de la República.

Sin que se logre entender muy bien por qué, algunos dirigentes herreristas se sienten con autoridad para ponerle un plazo al Presidente de la República.

¿Y los plazos de ellos? Cuando estuvieron al frente del Poder Ejecutivo entre 1990 y 1995, ¿con qué acciones legales los cumplieron?

¿Acaso no fue el período del escandaloso asesinato de Berríos, ante la mirada impasible e impotente del presidente Lacalle?

Por su parte, los líderes colorados se colocan en una tesitura y formulan declaraciones políticas tales que parece que recién llegaron al país, después de una larga travesía o de permanencia en una estación espacial durante largas temporadas.

Parecen olvidar que el Presidente de la República está actuando sobre la base del mismo sistema normativo del que dispusieron ellos, apelando a la misma Constitución y a la misma Ley.

Lo que ocurre es que la iniciativa adoptada por el Poder Ejecutivo actual muestra a la luz pública el largo ciclo de complicidades de las autoridades civiles con los militares en el período post dictadura.

Esta complicidad con los militares amparados en la Ley de Caducidad forma parte de un paquete que incluye líneas de acción en diversos campos: en el plano internacional, sumisión a la política exterior de los Estados Unidos, oportunismo y vacilaciones para una política de integración al Mercosur e incapacidad para asumir una tesitura latinoamericanista.

En el plano económico, privatizaciones y desnacionalizaciones orientadas de acuerdo a las orientaciones del pensamiento único neoliberal. Para bien del país, muchas de estas iniciativas fueron frenadas, parcial o totalmente, por la movilización popular.

En el plano social, la política de exclusiones, de pérdida del empleo, de precarización del trabajo y de pérdida del salario.

No es de extrañar que la realización de políticas antipopulares y antinacionales buscara contar con el apoyo de los altos mandos militares, sugeridos siempre como un factor de disuasión latente ante las protestas populares.

El desatino de los líderes blancos y colorados hoy está relacionado también con el hecho de que esas fuerzas políticas no han terminado de comprender el significado del 31 de octubre, como rechazo del pueblo soberano a los contenidos y las formas de sus gobiernos.

Por el contrario, nos muestra la actitud de dirigentes con el pensamiento anquilosado, refractarios a comprender lo nuevo de la situación democrática del país.

Esos dirigentes no se sienten en la necesidad de mirar hacia atrás, ver el daño que le han hecho a la nación y empezar a buscar las claves de sus errores.

Por el contrario, siendo minoría se sienten arrogantes frente a la opinión y el sentir de la mayoría de la población.

Una democracia sana necesita de una oposición sana. Y la que tenemos hoy en el Uruguay está todavía algo turulata. *