La lucha contra la corrupción

La democracia es una forma institucional de organizar la vida en sociedad que requiere su constante perfeccionamiento. Es notorio, como fenómeno contemporáneo, que ha habido un debilitamiento del funcionamiento de los partidos políticos y que, en particular, en las nuevas generaciones no existe el atractivo que existió hace unas décadas o a la salida de la dictadura, de la participación en la vida política. Es lo que se ha calificado como cierto desencantamiento con la democracia.

Más que ponernos a lamentar y a llorar sobre las heridas, lo que corresponde es ponerse a trabajar, en positivo, a fortalecer la democracia, a darle más participación a la gente. Es lo que también se ha denominado el «empoderamiento de la sociedad civil». Las denuncias del ministro Jorge Lepra sobre el clientelismo político con que se encontró en el uso de los bienes públicos, en las empresas bajo su ministerio, no merecieron un análisis serio por parte de los anteriores administradores. La única mención es: si tiene pruebas, que las presente ante la Justicia.

Lo mismo sucedió durante veinte años con el tema Derechos Humanos y sobre el destino de los detenidos – desaparecidos. Para ciertos sectores, el tema estaba concluido y lo único que correspondía era dar vuelta la página, aunque ello implicara olvidarse de la Justicia como fundamento mismo de la democracia. Los hechos recientes demuestran que con voluntad política manifiesta se hubiera podido arribar a conclusiones que no significaran el ocultamiento de crímenes notorios y el hallazgo de los restos, que llevaran paz espiritual a los familiares. Tuvieron que pasar veinte años.

Volviendo al tema de la reducción significativa de los gastos en asesores externos, la supresión del servicio de televisión por cable en los despachos de los jerarcas, la suspensión del apoyo con dinero a «eventos especiales», la revisión de contratos millonarios en publicidad, la restricción del uso de celulares sociales, fueron sólo algunas de las medidas de ahorro que se introdujeron en los directorios de tres empresas públicas bajo el nuevo gobierno progresista, con el propósito de comenzar a revertir la «degradación» que se produjo en la función pública, inculcar el concepto de austeridad en el manejo de recursos que son de la gente y de terminar con el «relajo» con que se actuó en el pasado en esos entes. Cada uno de los Directorios de Ancap, Antel y UTE elevó al ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, la cifra de las economías logradas en los primeros tres meses de gestión de sus nuevas autoridades; dicha cifra asciende a un millón de dólares, sólo con la reducción de gastos dispuesta en los servicios, beneficios y asesores que tenían a su disposición los anteriores directores de esos entes. La cifra se multiplica varias veces cuando se consideran los resultados obtenidos por distintas medidas dispuestas en varios negocios de estas empresas. «Los gastos que se recortaron son vergonzosos. ¡Vergonzosos! (…) Teníamos gastos indiscriminados, había obviamente respaldo a los amigotes, se daba eso de ‘yo te doy a ti y a otro no’, todo sin ningún criterio». El ministro sostuvo que los gastos a su juicio desmedidos que hacían los anteriores directores de esas tres empresas y los ahorros logrados tras el cambio de autoridades merecen divulgarse. «Yo pedía estos recortes cuando estaba en el sector privado, pero además creo que con esta política vamos a lograr dos efectos: estos directores se comprometieron con la austeridad y lograron bajar sus gastos; pero además, generan un efecto de liderazgo hacia el resto de la organización. (…) Cuando desde arriba hay relajo, sigue el relajo abajo. Se estaba degradando la función pública y tenemos que dignificarla», afirmó el ministro.

Son conceptos totalmente compartibles que apuntan en la dirección del programa: mejora de la gestión pública, inversión en recursos humanos y tecnológicos que erradiquen el clientelismo, el amiguismo y la corrupción, seleccionando a los jerarcas a través de mecanismos que aseguren idoneidad.

A raíz de los sucesos brasileños y a la luz de la experiencia nacional, la izquierda uruguaya debe tomar el toro por las guampas e impulsar una ley actualizada, que permita encarar este flagelo de la corrupción con todas las armas legales.

Me tocó vivir, bajo el período gubernamental del doctor Lacalle fruto del resultado de la Comisión Parlamentaria Investigadora sobre las causas de la bancarrota del Banco Comercial, de la década de los 80, un hecho insólito. Junto a los parlamentarios doctor Mallo, Jorge Machiñena, Alem García, Edén Melo y otros, impulsamos una actualización del papel de las Comisiones Investigadoras Parlamentarias, que fortalecieran el rol del trabajo parlamentario y dieran instrumentos para cumplir sus funciones. Pues bien, el P. Ejecutivo de la época vetó parcialmente el proyecto de ley aprobado por las cámaras, con la consecuencia de que las Comisiones Investigadoras parlamentarias quedaron con menos facultades que las que tenían a la fecha. Usando la falaciosa tesis de colegislador, mediante los vetos, el gobierno de la época logró maniatar aun más al Parlamento en sus funciones investigadoras.

El 23 de diciembre de 1998, se aprobó la Ley No 17.060 de creación de una Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, en cuyo acápite reza «Díctanse Normas Referidas al Uso Indebido del Poder Público». (Corrupción). Sin entrar a juzgar exhaustivamente los frutos de dicha Junta, me parece que no ha jugado un papel relevante en todo el período de existencia y que a la luz de la crisis de 2002, se requiere una actualización de la normativa legal, que fortalezcan las herramientas del Estado para su control y depuración. Sería una señal fuerte del nuevo gobierno, que no anda en la caza de brujas, pero que tampoco quiere que ciertos expedientes y sucesos acaecidos, incluidos los informes de las Auditorías dispuestas, queden bajo el rótulo de «desaparecidos».

La sociedad aguarda una indicación clara de todo el sistema político, pero en especial del nuevo elenco, de perfeccionar el sistema legal para hacer pesar todo su rigor que evite desvíos y despilfarros y aleje el fantasma de la corrupción. *