Fin del ocultamiento

Uno de los hechos más destacables de la gestión de la actual administración es que, en materia de investigación de violaciones a los DDHH durante la dictadura, en apenas cinco meses se logró infinitamente muchísimo más que en veinte años de gobiernos colorados y blancos.

La administración del doctor Batlle fue la excepción, al promover una tenue investigación llevada a cabo por la Comisión para la Paz, pero durante las dos gestiones de Sanguinetti y la de Lacalle, no sólo no hubo avance alguno sino que desde el Ejecutivo se pusieron trabas y se asumió la defensa cerrada de los motineros y sus cómplices civiles.

Hoy, por primera vez desde la salida de la dictadura, el Presidente de la República asume un compromiso tan sólido con una causa tan sentida por la mayoría de los uruguayos. Porque si bien es cierto que en abril de 1989 la mayoría del electorado ratificó la Ley de Caducidad, eso no significó en modo alguno que estuvieran dispuestos a resignar su pretensión de conocer la verdad, de identificar a los criminales más notorios, de saber cuál fue el destino final de los detenidos-desaparecidos y de que aquellos delitos no amparados por la norma (sea porque en ellos hubo civiles implicados, sea porque fueron cometidos fuera del período de facto, sea porque no cumplen algún otro requisito establecido en la Ley) fueran debidamente castigados.

Empero, no fue esta la interpretación que del resultado de aquel plebiscito hicieron los dirigentes políticos conservadores. Antes bien, torciendo el claro pronunciamiento popular –por el cual se había ratificado la Ley de Caducidad con su artículo cuarto incluido–, tanto Sanguinetti como Lacalle se obstinaron en sostener que con la ratificación plebiscitaria el tema había sido laudado, que había que dar vuelta la página, que no había que tener ojos en la nuca.

Sin embargo, esa prédica mezquina y falaz de ocultamiento del pasado reciente no prendió en el espíritu de los uruguayos, quienes de mil maneras hicieron saber de su disconformidad con tal postura cobarde y complaciente.

Hoy, merced a la actitud firme y decidida del gobierno progresista –que no ha traicionado en absoluto el espíritu de aquella norma–, empezó a derrumbarse el castillo de mentiras, complicidades e hipocresía montado por gobernantes convertidos en celosos ángeles protectores de los facciosos.

Ayer tuvo lugar la reunión prevista entre el Presidente de la Repúbica y los comandantes en jefe de las tres armas, para que éstos entregaran toda la información recabada sobre los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado; hoy comienzan las excavaciones en el Batallón 14.

Estos dos hechos permiten afirmar que estamos asistiendo a un momento histórico.

Es el tiempo en que la sociedad empieza a reencontrarse consigo misma y con su pasado, algo que los gobiernos anteriores se obstinaron en lograr por las vías torcidas del olvido y el ocultamiento.

Es, asimismo, el tiempo de la reconciliación entre la sociedad civil y los militares. Una reconciliación impensable mientras persistiera en la comunidad la sensación de fractura que llevaba a percibir a los militares como un estamento ajeno y que alimentaba, en definitiva, la teoría de los dos demonios enfrentados entre sí porque sí.

Ahora es la Justicia la que debe actuar. Sin trabas, sin presiones, como debe ser en todo estado de derecho, y con todas las garantías previstas en el orden jurídico. *