Una práctica inoportuna

Con el mismo ímpetu que la derecha conservadora exhibe para exponer sus reclamos, algunos sectores de la ultraizquierda son presa de una inexplicable urgencia y exigen –mediante «piquetes» u otras formas de exteriorizar su descontento– que el gobierno atienda sus demandas.

Subsisten aún grupos –más que minoritarios, por suerte– que insisten en la práctica de lo que ha dado en llamarse «escraches». El viernes pasado, un grupo calculado en alrededor de 200 personas resolvió que era pertinente proceder a «escrachar» a un connotado terrorista de Estado: el ex militar José Ricardo Arab, sindicado como coautor del secuestro y posterior asesinato de María Claudia García de Gelman una vez que la joven dio a luz a una criatura.

No es necesario redundar en comentarios sobre la conducta vil y aberrante de este y otros esbirros que actuaron durante el período de facto; suficientemente conocida es nuestra postura al respecto, así como nuestra posición a favor de que se cumpla la ley y se haga justicia.

No obstante, como ya lo hemos sostenido en oportunidades anteriores, entendemos que el «escrache» es la exteriorización pública de una condena social. «Escrachar» a alguien vendría a ser algo así como dejarlo en evidencia frente a otros mediante la divulgación de algún secreto íntimo e inconfesable o de alguna conducta reprobable, y se emplea en el argot del hampa sobre todo cuando la prensa publica la fotografía de prontuario de un infractor. Y si hablamos de condena social, es porque la sociedad también cuenta con herramientas extrajurídicas para emitir sus fallos y condenas y dispone de códigos estrictos para castigar al infractor, tanto al que es pasible de condena judicial como aquel cuyo comportamiento no encaja en ninguna figura del código pero merece un juicio adverso de los vecinos; incluso muchas veces, además del castigo oficial dictado por un magistrado, la sociedad entiende necesario aplicar su propio castigo por considerar la pena demasiado débil o simplemente como complemento del fallo judicial.

Negar el saludo, hacer el vacío, comentar en el almacén de la esquina o en la rueda del boliche la conducta reprobable de alguien, son todas formas más o menos corrientes de condena social.

Tal ha sido la razón de ser de los «escraches» bajo gobiernos que nada hicieron por investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura; se trataba de hacer público algo que el estamento militar y sus cancerberos civiles querían a toda costa mantener en secreto.

Ahora bien, en aquellos tiempos en que el Poder Ejecutivo se obstinaba en interpretar torcidamente la Ley de Caducidad y evitaba por todos los medios que se conociera la verdad, los «escraches» contra figuras emblemáticas del terrorismo de Estado tenían su razón de ser, pues eran el único medio de que disponía la sociedad para castigar a quienes gozaban de impunidad.

Pero ¿qué sentido tienen hoy los «escraches»? ¿No está actuando la Justicia, por primera vez en veinte años, con total independencia y sin las trabas inventadas por el poder político? ¿No tenemos, acaso, un gobierno que está cumpliendo lo prometido en cuanto a la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura? ¿Acaso el «escrache» del viernes aportó algo a alguien?

Esta conducta infantil no tiene otro efecto que dar argumentos a la derecha. *