Víctimas del silencio

La inmensa mayoría del pueblo es consciente de los enormes esfuerzos que está realizando el gobierno para encarar el aluvión de problemas que golpean con extrema severidad a los grupos más sumergidos. Por ello, es oportuno el pedido del primer mandatario de que exista lealtad institucional, para superar aquéllos dentro del marco democrático, cuya defensa incumbe a todo el sistema político.

Recuérdese que en la crisis de 2002 la oposición de la época observó –como no podía ser de otra manera– una actitud de grandeza, para que la administración del doctor Jorge Batlle trabajara en un clima de absoluta tranquilidad, y encontrara los caminos más apropiados para zanjar aquellos momentos de angustia, desesperación e incertidumbre. Hoy las dificultades tienen otra fisonomía las que –como se sabe– no han sido causadas por la fuerza política que encabeza el doctor Tabaré Vázquez, sino que son resultados de decisiones de Estado, donde se privilegió al sector financiero, con la promoción de un consumismo desproporcionado de la mano de un feroz endeudamiento.

Cuando no han transcurrido cinco meses de gestión se le exige al gobierno soluciones inmediatas a cuestiones conflictivas que se arrastran desde la época del señor Pacheco Areco, donde el recetario especulativo facilitó el resguardo de los privilegios de las clases dominantes, impidiendo el crecimiento de la economía, como igualmente su adecuada distribución. De más está decir, que los titulares de esas reivindicaciones mayoritariamente no votaron por los cambios, sino que pertenecen a los segmentos partidarios que nada hicieron por la riqueza básica del país, conduciéndola a un estancamiento productivo, que se refleja en la masiva despoblación de la campaña, por las condiciones opresivas de los asalariados que aún quedan, por el acaparamiento de predios en pocas manos, y su extranjerización mediante sociedades anónimas, muchas de las cuales lavan dinero de origen ilícito. Por ello, llama la atención que si el campo genera más del 70 por ciento de las divisas del país, el periodismo nacional –con honrosas excepciones– guarde silencio sobre los latifundios productivamente ineficientes, no diga una sola palabra sobre los altos cometidos de la ley que creó el Instituto Nacional de Colonización –hoy virtualmente desmantelado– y soslayan el hecho de que treinta empresarios rurales desde hace muchos años adeudan no menos de 360 millones de dólares al Banco de la República.

La prensa que tradicionalmente ha estado al servicio de la libre empresa y de los sectores más conservadores, –responsables del empobrecimiento del Uruguay– han formado un coro regimentado para demandar castigos más severos contra la delincuencia que nos azota, pero cuidando de no detenerse en analizar las causas de su crecimiento. Y mientras se presentan ante la gente, con alegatos moralizantes en el cumplimiento de una faena reservada –por lo que se ve– a «los delfines de la seguridad ciudadana», estrechan el horizonte para enjuiciar a los infractores de delitos económicos.

Adviértase con qué diligenciamiento se hacen eco de toda manifestación crítica, en asuntos que por su naturaleza desatan inevitablemente puntos de vista diferentes, pero los comentarios no se profundizan, cuando se trata de analizar los sombríos legados recibidos por la izquierda en los departamentos de Rocha, Canelones y Artigas.

Y cuando el Presidente de la República anuncia que no existirán discriminaciones por razones políticas, como las que sufrió el gobierno municipal de Montevideo durante los últimos quince años, ninguno de los once intendentes electos, tuvo la grandeza de valorar ese gesto, y mucho menos el coraje cívico en reconocer que sus correligionarios, con esa infame segregación, vulneraron los principios de igualdad y justicia, durante tan extenso período.

Otro de los grandes temas, sobre los que los periodistas complacientes soslayan en sus programas y entrevistas, se relaciona con los centenares de juicios que enfrenta el Estado, –muchos de los cuales han concluido con sentencias condenatorias por inexplicables errores procesales. Y como le consta al lector, millones de dólares deberán incluirse en los impuestos, por la temeraria desidia de quienes se embarcaron en litigios sin asistirles la razón.

Recuérdese que determinada prensa, tan celosa para señalar defectos en la ejecución del Plan de Emergencia, nada dice sobre lo que establecen los artículos 24 y 25 de la Constitución en materia de responsabilidades. Porque el Decreto 701 de fecha 23/12/1991 determina que toda resolución que disponga el pago de indemnización por responsabilidad civil del Estado, ordenará además la iniciación de un sumario, una vez que se cancele la obligación del procedimiento administrativo, a fin de evaluar si corresponde promover la acción de repetición, contra el o los funcionarios públicos responsables de daño causado.

Si bien es cierto que el silencio –como decía Josh Billings– es una de las cosas más difíciles de refutar, cuando es contumaz como viene ocurriendo en el país, se transforma en una mentira por omisión. *