Falacias de un modelo

Un cable de IPS desde Santiago de Chile –publicado por LA REPUBLICA el sábado pasado– nos trajo la noticia de un informe que, con el auspicio de la Iglesia Católica chilena, elaboró la socióloga Francesca Camelio sobre inseguridad, precariedad laboral y debilitamiento del movimiento sindical.

Las conclusiones de dicha profesional nos ilustran de manera inapelable sobre la realidad de un modelo de desarrollo que es a menudo presentado como la panacea y como ejemplo a imitar. Huelga señalar que el gobierno del socialista Ricardo Lagos lleva adelante políticas sociales para mitigar las brutales injusticias que trae aparejadas la aplicación de una política económica de libre mercado. Pero conviene tener en cuenta que por más paliativos que se pongan en práctica, las medidas no son más que eso: paliativos.

Bueno es recordar que fue durante el gobierno dictatorial del general Pinochet, a fines de los setenta, que Chile se encaminó por la senda del neoliberalismo. Al igual que en los otros países del Cono Sur (y particularmente en el nuestro), el régimen de facto cívico-militar se prestó a poner en práctica las recetas de la Escuela de Chicago; y ya entonces quedó claro que más allá de las causas políticas del quiebre institucional, una dictadura despiadada era el único régimen que posibilitaba la aplicación de esa política de apertura económica liberal que implica concentración de la riqueza y exclusión social.

Para poner en práctica ese modelo, era condición sine qua non desarticular todo movimiento popular y aplastar las organizaciones sociales capaces de ofrecer resistencia. La famosa desregulación laboral, unida al desmantelamiento del aparato productivo, han tenido como efecto el debilitamiento del movimiento sindical.

Independientemente de los resultados macroeconómicos que exhibe con orgullo el país trasandino –y que distan mucho de los obtenidos en Uruguay–, la similitud entre ambos países resulta evidente. Dante Gebauer, asesor de organizaciones católicas chilenas, es por demás claro al respecto. En referencia a la experiencia chilena, explica que la apertura del mercado a la importación abrió la economía a la globalización y la hizo más competitiva, dinámica, heterogénea y segmentada en su fuerza de trabajo. Sostiene, asimismo, que el mercado pasa a ser el centro de las relaciones sociales, donde las distintas dimensiones de la vida (social, cultural, política, jurídica) quedan supeditadas a la economía. El debilitamiento del Estado hace que la mayoría de las tareas que eran desempeñadas habitualmente por éste pasan a manos privadas; de ese modo, la tarea del Estado se limita a facilitar la inversión del sector privado dejando en manos del mercado la regulación de las relaciones laborales. La flexibilización laboral se manifiesta bajo diversas formas tales como remuneraciones variables, cambios en la jornada de trabajo y nuevos vínculos entre empleador y asalariado; es, ni más ni menos, que dejar las relaciones laborales libradas a la ley del mercado, que es como decir la ley de la selva, en la que es el empresario –el más fuerte– quien fija las reglas de juego en su relación con el más débil.

Cualquier parecido con la realidad uruguaya no es mera coincidencia.

De todos modos, la política laboral de nuestro actual gobierno apunta a restituir derechos a los asalariados. Las primeras medidas adoptadas por el MTSS van exactamente en ese sentido: la instalación de los consejos de salarios y las disposiciones sobre ocupación de lugares de trabajo y sobre fuero sindical son síntomas inequívocos de un viraje que es preciso valorar en toda su dimensión. *