Los cortes de tránsito y la actitud del gobierno

En el país parece estar asistiéndose a un amplio proceso de efervescencia social.

Decimos efervescencia social porque no se trata de expresiones multitudinarias, con objetivos acordados y promovidas por organizaciones de masas reconocidas y con perfiles definidos.

Muchos de los cortes de tránsito revelan una participación heterogénea, donde es posible que exista alguna gente confundida y otra movida por el propósito de generar un estado de desorden público que resulte perjudicial para la imagen del gobierno.

Algunos medios de comunicación de masas y algunos dirigentes de la derecha, pescadores a río revuelto, no han ocultado su intención de transformar estos episodios en elementos de crítica a la actual Administración y a la supuesta lentitud de su gestión de gobierno.

Es posible que el único efecto de esta situación sea, por ahora, la de confundir a algunos sectores populares, irritar a otros y hacer más difícil el reencarrilamiento del país por las vías de una política de mayor justicia social, atención a los excluidos y búsqueda de soluciones para el funcionamiento de un Estado que los gobiernos neoliberales dejaron en bancarrota.

La actuación del gobierno, en lo que tiene que ver con el manejo de la fuerza pública, ha sido de gran serenidad y espíritu de diálogo, como no podía ser de otra manera. No es de descartar que uno de los propósitos inconfesados de por lo menos alguno de los promotores de los incidentes sea justamente sacar al gobierno de su actitud serena y legalista y tomar el eventual desborde como un argumento más para atacar su desempeño.

No parece ser esta una adecuada previsión, ya que las autoridades se han mostrado muy claras en la reafirmación de su respeto por el ejercicio de las libertades públicas, sindicales y del derecho de reunión.

Es cierto que hay algunas zonas, como se ha señalado desde fuentes sindicales, donde los avances no parecen ir al ritmo requerido por las expectativas de la gente.

Sobre esto es importante tener en cuenta que tratándose de una experiencia inaugural, que por primera vez se realiza en el país, con pocos funcionarios y carencias infraestructurales, los avances son inevitablemente lentos.

Por otra parte, como han aclarado algunos responsables del Ministerio de Desarrollo Social, aquellas personas inscriptas en el Plan de Emergencia y cuya situación esté amparada por la ley, cobrarán las asignaciones con retroactividad, procurándose de ese modo reparar el retraso en las obligaciones asumidas por parte del Estado.

Quedan en pie, entre otras cosas, algunas conclusiones sobre las cuales se puede ir reflexionando.

En primer lugar es necesario avanzar sobre las formas de comunicación empleadas por los responsables de la acción estatal, partiendo de la base de que buena parte de la prensa, controlada por el poder conservador, más que para informar está para alentar confusiones y alimentar la disconformidad.

En segundo lugar mantener el criterio de disuadir y no reprimir, que es absolutamente indispensable. No es imaginable un gobierno de izquierda procediendo de otra manera. Por lo demás la situación requiere un estado de la opinión pública menos permeable a los rumores o manipuleos mediáticos.

En tercer lugar el pueblo uruguayo no es una masa informe de seres despolitizados y manejables. Por el contrario, la nuestra es una sociedad rica en formaciones sociales que abarcan una gama que va de lo profesional a lo local, de lo generacional a lo cultural, atravesando los más amplios sectores populares.

Esto es así en todo el país pero especialmente en Montevideo, donde se han desarrollado algunas de estas muestras de desorden y confusión.

El gobierno, celoso defensor de la Constitución y la Ley, no verá menguado su prestigio ni en una mota si en el desarrollo de sus planes de acción social genera instancias donde puedan participar e intervenir esas asociaciones, que son verdaderamente representativas del sentir popular y que forman parte inseparable de nuestra geografía humana. *