Concurso para ingreso a la Policía nacional

Al inaugurar esta columna de opinión, el párrafo inicial contiene mi profundo agradecimiento y reconocimiento a la Dirección del Diario y a la Secretaría de Redacción, precisamente, por la invitación a ocupar este espacio. Espacio que, liberalismo y pluralismo de por medio, las más de las veces, seguramente contrastará con la línea editorial del periódico. Doble motivo de reconocimiento, pues.

Vayamos entonces al tema de hoy: las formas, en buena medida, hacen a los contenidos; lo procedimental, de alguna manera, define lo sustantivo. En suma, aunque conceptualmente cabe la distinción, la íntima vinculación entre la forma y la esencia, no necesita mayor demostración.

Hemos dicho públicamente, y lo ratificamos aquí, que si el Partido Colorado pretende recuperar la grandeza que la historia le tiene reservada, ante la crisis de su peor momento, deberá comenzar por reconocer sus errores (en el caso, de forma y de sustancia).

Decimos esto, que en otras notas podremos desarrollar, porque a nuestro juicio la crisis colorada no obedece tan solo a casualidades y a elementos exógenos (al país, al gobierno y al partido), sino a un complejo conjunto de factores, causalidades, y también responsabilidades.

El tema al cual queremos referirnos hoy, esto es, la actual forma de ingreso a la función policial –designación directa lisa y llana– excede los errores partidarios para incluir una sucesiva práctica equivocada que comprende a todas las últimas Administraciones de Gobierno.

En efecto, el Poder Ejecutivo anunció días pasados por intermedio del ministro del Interior, la firma de un Decreto reglamentario que impone el concurso como forma de ingreso al Instituto Policial.

La decisión merece el elogio por múltiples razones, dos de ellas absolutamente elementales: A) la trascendencia e importancia de la función policial requiere, con vistas al reclutamiento del personal desde la oferta laboral, de los mejores hombres y mujeres disponibles; el concurso y las calificaciones preliminares representan los mecanismos más idóneos para el logro del objetivo de la óptima selección.

Acertadamente, entonces, se tiende hacia el camino de la tan mentada e imprescindible profesionalización de la Policía. B) elimina la discrecionalidad de la designación directa, y con ella, esa especie de gran Agencia de Colocaciones en que se habían convertido las Secretarías de los respectivos ministros del Interior.

En definitiva, el reciente Decreto propende a la mejor selección de personal para la difícil tarea policial, al tiempo que pone fin al arbitrario y decadente sistema (tan solo exceptuado en el escalafón administrativo en época del ministro Opertti) que requería el aval ministerial para que cualquier ciudadano –por más capacitado y vocacional que fuere– pudiese ingresar a los cuadros policiales.

Práctica o sistema, el ahora derogado, que hace a las formas que deben guardarse y al fondo que debe preservarse; lamentablemente bien conocido por todos y, por conocido, rechazado justificadamente por la ciudadanía.

Son los errores que hay que reconocer; que además, electoralmente, quedó demostrado, no pagan. Son las banderas, los principios, que el Partido Colorado no debió ceder.

Ahora se trata de reivindicarlas. *