Una torpeza política

En junio de 2003, escribí lo siguiente:

«¿Qué es un escrache? Empecemos por decir que se trata del sustantivo que expresa acción y efecto de ‘escrachar’, y sigamos por intentar una definición del verbo, a falta del auxilio que nos podría brindar el diccionario de la Real Academia, que no lo registra. Escrachar a alguien vendría a ser algo así como dejarlo en evidencia frente a otros mediante la divulgación de algún secreto íntimo e inconfesable o de alguna conducta reprobable, y se emplea en el argot del hampa sobre todo cuando la prensa publica la fotografía de prontuario de un infractor.

El sustantivo escrache sugiere –con esa expresiva sucesión de consonantes tan duras (s, k, r, ch)– la onomatopeya de algo que se rompe, y evoca –también por razones de vinculación fónica– el vocablo ‘enchastre’ (las mismas vocales en el mismo orden y casi las mismas consonantes) que se acerca bastante también desde el punto de vista semántico.

Para el caso, y teniendo en cuenta el uso actual de este vocablo, se trataría de una exteriorización de repudio hacia alguien, es decir una expresión de condena social. Porque la sociedad también cuenta con herramientas extrajurídicas para emitir sus fallos y condenas y dispone de códigos estrictos para castigar al infractor, tanto al que es pasible de condena judicial como aquel cuyo comportamiento no encaja en ninguna figura del código pero merece un juicio adverso de los vecinos; incluso muchas veces, además del castigo oficial dictado por un magistrado, la sociedad entiende necesario aplicar su propio castigo por considerar la pena demasiado débil o simplemente como complemento del fallo judicial.

Negar el saludo, hacer el vacío, comentar en el almacén de la esquina o en la rueda del boliche la conducta reprobable de alguien, son todas formas más o menos corrientes de condena social».

En eso –y por tales razones– han consistido los escraches: la exteriorización pública de una condena social. Ahora bien, en tiempos en que el Poder Ejecutivo se obstinaba en interpretar torcidamente la Ley de Caducidad y evitaba por todos los medios que se conociera la verdad, los escraches contra figuras emblemáticas del terrorismo de Estado tenían su razón de ser, pues eran el único medio de que disponía la sociedad para castigar a quienes gozaban de impunidad.

Pero ¿qué sentido tiene escrachar hoy a Juan Carlos Blanco cuando ya ha sido procesado por uno de sus crímenes y enfrenta un nuevo juicio por otra causa?

¿No está actuando la Justicia, por primera vez en veinte años, con total independencia y sin las trabas inventadas por el poder político? ¿No tenemos, acaso, un gobierno que está cumpliendo lo prometido en cuanto a la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura? ¿A quién se pretendía presionar?

Y si el escrache del sábado no se justifica por las razones expuestas, menos se justifica aun la actitud casi patoteril de algunos de los participantes en el escrache, ese desborde violento contra funcionarios policiales que en ningún momento dieron motivo para ello.

Una torpeza política innecesaria, que no hace sino operar a favor de la estrategia de la derecha. *