El acoso

Como si se tratara de una operación perfectamente sincronizada para dar razón a la prédica de la derecha, el gobierno progresista se ha visto súbitamente acosado por reclamos de diversa índole, enfrentado a expresiones de intolerancia, como consecuencia de exigencias de inmediatez manifestadas bajo formas de las que no estuvo ausente la violencia.

Primero fue la pacífica interrupción del tránsito vehicular alrededor del Palacio Legislativo dispuesta por sectores de productores rurales en reclamo por soluciones a su situación de endeudamiento. Si bien se trató, como queda dicho más arriba, de una manifestación pacífica, el hecho de haber procedido al corte de la circulación generó una cierta alarma e hizo que la prensa conservadora dedicara al asunto una cobertura especialmente minuciosa y que la temida palabra «piquete» irrumpiera en la información.

La sensata actitud del Presidente, que concurrió personalmente a dialogar con los dirigentes rurales, desactivó inmediatamente la situación de tensión y la reencauzó hacia el diálogo, única vía para dirimir conflictos en democracia.

Sin embargo, una vez destrabada la enojosa situación, empezaron a emerger, como hongos luego de la lluvia, interrupciones del tránsito en diversos puntos de la ciudad. Impulsados por otras motivaciones y con el agregado de la quema de cubiertas (lo que constituye un componente claramente menos pacífico que el mero corte de calles), algunos compatriotas –probablemente acuciados por la urgencia de soluciones a su situación de pobreza extrema– exigieron de esa forma acceder a los beneficios del Panes o agilizar el trámite para acogerse a él.

En un régimen democrático que garantiza la plena vigencia de las libertades públicas y los derechos individuales, la protesta pacífica, la expresión de descontento, la manifestación del disenso, la crítica, el reclamo, deben ser respetados. El gobierno actual es perfectamente consciente de ello, y el ministro del Interior –el doctor José Díaz– es la máxima garantía en ese sentido. Pero no dejan de llamar la atención estas muestras de intolerancia con un gobierno popular, que apenas ha cumplido cien días y que ha encontrado una situación de descalabro que lo obliga a postergar un tanto la puesta en práctica de su programa de cambios.

La administración actual es la primera que se ocupa verdaderamente del drama social y que ha instrumentado un plan de emergencia para socorrer a los uruguayos más sumergidos. Con dificultades, venciendo contratiempos, adaptándose a las circunstancias, el Panes está encaminado; y entendemos que el urgentismo, la incomprensión y la intolerancia de algunos sectores de la propia izquierda son una falta de madurez y un infantilismo político que juega a favor de los intereses de la derecha.

El doctor Vázquez ha llegado al gobierno con la promesa de combatir los males generados por decenios de neoliberalismo, negligencia y corrupción. Ha llegado al gobierno por medio de elecciones libres en el marco del orden jurídico vigente; debe, por tanto, manejarse dentro del más profundo respeto a la Constitución y las leyes. Nadie puede pretender, en consecuencia, que el gobierno progresista proceda a efectuar los cambios de la noche a la mañana prescindiendo de las normas y de las imposiciones de la realidad.

Reiteramos: todos debemos velar por el derecho a disentir, a expresar discrepancias y a reclamar. Pero es preciso ser muy cuidadoso y no estimular acciones que, so pretexto de justo reclamo, acosan al gobierno progresista y sirven al interés desestabilizador de la derecha. *