En litigio con la buena fe

Una vez más se confirma –cuando observamos el escenario político nacional– que las relaciones humanas están regidas más bien por un ingrato juego de conveniencias, que por la recta y sana razón. Y ello, porque desde que comenzó la labor de la actual Administración, la oposición no cesa de cuestionar todas –absolutamente todas– las iniciativas del Poder Ejecutivo, con críticas infundadas, donde el escándalo y la tergiversación de los hechos, han cumplido un papel preponderante.

No recordamos que en los gobiernos anteriores, la izquierda haya recurrido a ese obstruccionismo permanente, con un léxico en el que prevalece un inocultable sentimiento de frustración, por los resultados electorales del 31 de octubre y 8 de mayo, los que siguen comportando una obsesión, no superada en el plano psicológico. Porque si le pedimos al tiempo que vuelva, comprobamos que durante los mandatos de Sanguinetti, Batlle o Lacalle, se señalaban las discrepancias en aspectos de fondo y en el lugar adecuado que es el Parlamento, pero sin conventillos en los medios de comunicación, como viene sucediendo ininterrumpidamente desde que el doctor Tabaré Vázquez accedió al sillón presidencial.

Obsérvese que cualquier supuesta irregularidad –inevitable en el vasto espectro de la Administración Pública– ha dado pie para que dirigentes o legisladores de la oposición se presenten en los medios con exposiciones con las que se busca infundir el miedo dentro de la población, o sembrar preocupaciones dentro de la familia uruguaya, por los alcances de determinadas decisiones. Y lo hacen deliberadamente, porque su estrategia reside en lograr que la gente olvide cómo dejaron el país, como asimismo borrar de la memoria colectiva las promesas demagógicamente realizadas en noviembre de 1999, cuando la «familia ideológica» resuelve apoyar a un fanático neoliberal como el doctor Jorge Batlle.

A vía de ejemplo, las interrupciones en los tratamientos oncológicos por razones involuntarias, imprevistas o de fuerza mayor, insumió durante varias semanas un recurso deleznable para atacar indirectamente al Presidente de la República, como si situaciones similares no se hubiesen producido en gobiernos anteriores, en lapsos que llegaron a alcanzar un mes. Como se recordará, antes nunca se utilizaron esos hechos no deseados con mezquinas finalidades políticas, cuando en juego están el dolor y la angustia del paciente y sus familiares.

Otra problemática a la que ha recurrido una oposición –que ha perdido la brújula de su papel– es el que se relaciona con el Plan de Atención Nacional de Emergencia Social, tarea que se viene cumpliendo dentro de un complejo marco por la naturaleza de los servicios que se están prestando. Y ello, porque en lugar de hacer los aportes para que aquellos mejoren en el área de la eficiencia, ahora con un inequívoco despecho, sólo se ocupan de hurgar en detalles con la finalidad de complicarle la gestión a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Olvidan esos señores –y aquí es cuando la mala fe se pone de manifiesto– que ellos, es decir quienes integraban el gobierno de coalición, son los responsables de que en Uruguay existan un millón de pobres, doscientos mil indigentes, y que el 53 por ciento de los niños nazcan bajo la línea de pobreza.

Un tercer asunto, que pone al desnudo la malicia y temeridad de quienes desmantelaron social y económicamente al país en las últimas décadas, se vincula con los motines en los centros de reclusión, y con el proyecto de Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario.

Adviértase que todos los días están en los medios, ocupándose de los pormenores que encierran esos hechos dolorosos, pero cuidando de confesar que antes nada hicieron para disminuir los peligros de la minoridad infractora, como igualmente la imperdonable omisión de elaborar políticas de Estado, tendientes a lograr la rehabilitación del delincuente como lo manda la Constitución.

La gente no debe olvidar que nuestras cárceles tienen capacidad para 3.678 personas, y como hoy su población asciende a 7.500, visualizamos que más de 3.600 procesados tendrían que estar en otros centros penitenciarios, para evitar el hacinamiento, promiscuidad y demás factores adversos que se derivan de esos fenómenos. Y es oportuno puntualizar que mientras especialistas en temas carcelarios, como los que integran el Servicio de Paz y Justicia y magistrados del Poder Judicial apoyan la iniciativa del gobierno, la oposición sólo se preocupa de gritar sin un ápice de razonamiento, que se van a liberar irresponsablemente 750 reclusos, para que la sociedad sin la información adecuada, la juzgue negativamente.

Como decía Aulo Gelio, la verdad es hija del tiempo, y aunque muchas veces se desnaturaliza por las técnicas de engaño, a la larga nunca es derrotada porque la justicia que le sirve de apoyo jamás premiará a los que se atreven a vulnerarla. *