La caducidad de la vergüenza

El Pacto del Club Naval, verdadera conspiración de juramentados fratelos de las cúpulas de civiles y militares, fue un acto de desconocimiento total al sentir expresado por la mayoría de la población del país. Los militares se las ingeniaron para entregar el poder a quien se lo había dado: al Partido Colorado. Son colorados la mayoría de los civiles del proceso, como colorados fueron los terroristas de la Juventud Uruguaya de Pie y demás grupos fascistoides, que actuaron entreverados en la maquinaria del Estado, en la democradura que se instala con el pachecato a partir de 1967.

El Partido Colorado, que nunca dejó de tener sus hombres en los puntos clave del proceso, hasta en los escuadrones de la muerte, que lo precedieron, debía hacerse cargo de trasvestir el proceso ante las nuevas circunstancias internacionales.

Lamentablemente, los derrotistas, los apurados de siempre, hombres de poca fe en el pueblo, prefirieron salir de laderos del Partido Colorado a confiar en sus propias fuerzas… De esta forma los militares se garantizaron la impunidad y los civiles del proceso se reciclaron tras el Partido Colorado. Y el Frente pago su precio, sacrificando caudal electoral, al punto de que hasta la Intendencia de Montevideo quedó en manos coloradas.

A Wilson, que había quedado fuera de la conjura, como dicen los unitarios viejos, le hicieron el corralito, haciéndolo a venir, primero, encerrándolo luego hasta pasadas las fulleras elecciones, para llevarlo lentamente a su suicidio político, responsabilizándolo de la Ley de Caducidad. Había que hacerle tragar la cicuta de los justos. ¡Había jurado, aquella funesta noche de junio de 1973, ponerse al frente de un Partido Nacional que vengaría la traición a la Patria!

Atenazado por el sanguinettismo, los blancos baratos redivivos dentro del Partido, viejos unitarios conocidos, Wilson pone su firma a la Ley, pero antes, obliga reconocer públicamente al Gral. Seregni, que la ley era el resultado de la lógica de los hechos del Pacto Clubnavalista, sobreentendidos que sobrevolaban, cosas que entre juramentados no necesitan escrituras para cumplirse… a buenos entendedores pocas palabras.

Segundo esfuerzo de Wilson por salvar su honor, fue la redacción del artículo 4to. Por el cual la ley quedaba acotada a los militares y en el tiempo en el cual ellos se hicieron responsables del poder. Quedaban fuera los hechos criminales realizados por civiles antes o durante el proceso militar, en el entendido de que no estaban sujetos a la obediencia de mando militar alguno. Por otra parte, todo lo que sucedió antes del 27/6/73, en caso de haberse cometido crímenes políticos era responsabilidad de las autoridades civiles del momento.

En un claro esfuerzo para no mancharse con hechos inexcusables, como los crímenes contra los senadores de la República Michelini y Gutiérrez Ruiz, la investigación de los mismos queda determinada. Porque esos crímenes fueron actos venganza política de los civiles del proceso, destinados a cerrar el paso a toda tratativa de reconciliación nacional, perpetuando sus latrocinios a la sombra de los militares por largos años más. Y esto lo sabía Wilson desde el momento en que estos hechos ocurrieron. Pese a esto, la ley fue para Wilson una verdadera cicuta que le envenenó la existencia y lo llevó la muerte.

Ahora, los civiles del proceso se escandalizan porque el presidente Tabaré pone en cumplimiento el artículo 4to. Implícitamente le están dando carácter de beligerantes a escuadrones de la muerte, parapoliciales colorados, ahora no saben cómo ampararlos. ¡Y todo por no haber reconocido en tiempo y forma la existencia de sus contraguerrillas rosadas! Otro período rosado les hubiera venido bien para irse de este mundo sin culpa. Pero bueno, doce más veinte, dan treinta y dos años, tal vez los jueces consideren que ya es tarde para hacer humana justicia.

Pero para los enviciados de impunidad, la ley también ampara los actos criminales de civiles y de militares más allá de 1985. Ese es el secreto del encubrimiento de los secuestradores y asesinos del químico chileno Berríos, cuya muerte en el país fue negada durante años, hasta que apareció el cadáver con pruebas de haber sido muerto poco tiempo después de que se les escapara en Parque del Plata.

¿La Ley de Caducidad ampara a los militares que le prestara el gobierno de Lacalle a Pinochet en el operativo Berríos, último acto conocido del Plan Cóndor? Sería bueno que fueran respondiendo a esta incógnita, civiles y militares del proceso, antes de hacer un papelón más ante los reclamos de la Justicia chilena. *