Profundizando la democracia

En los próximos días asumirán sus cargos en todo el país las nuevas autoridades elegidas en los comicios del 8 de mayo.

La renovación de los elencos en la plana mayor de la Administración Municipal es de por si un hecho positivo y esto habrá de ocurrir en una parte considerable de los gobiernos departamentales.

A la vez, en aquellos en los que la ciudadanía ha consagrado la reelección de los actuales Intendentes es de esperar que también se lleven adelante cambios en un esfuerzo por sincronizar los rumbos de la acción departamental con los de un gobierno nacional animado de un firme propósito transformador.

El cambio de autoridades, en esta oportunidad, comporta otro hecho saliente. El advenimiento a posiciones de gobierno municipal, por primera vez en la historia, de las fuerzas progresistas.

Es el caso de buena parte de los departamentos más poblados y con más actividad económica, como Canelones, Maldonado, Salto, Paysandú, entre otros.

Estos departamentos, cuyo extremo paradigmático son las desastrosas administraciones de Canelones con Hackenbruck y Maldonado con Antía, junto con los malos gobiernos y probablemente, como condición imprescindible del mal gobierno, exhiben un altísimo grado de centralización, burocratización y caos presupuestal, administrativo y legal.

Dado que las fuerzas progresistas agrupadas en el FA-EP-NM impulsan desde hace años la descentralización, tanto en el plano de las aspiraciones programáticas desde la oposición como en el del gobierno cuando lo han conseguido, como es el caso de Montevideo, todo parece indicar que la gestión de los nuevos gobiernos progresistas conllevará la puesta en la orden del día de nuevas formas de participación ciudadana que contribuyan a reconducir la vida de esos municipios por una senda de reconstrucción y progreso.

Sólo un proceso en el que se ponga el acento en la transparencia y la descentralización participativa permitirá recuperar, para un orden de normalidad institucional, la vida de esos municipios.

Una vez más es notorio que departamentos arrasados por la incuria y el clientelismo, cuando no lisa y llanamente por la corrupción, presentan problemas para los cuales se hace necesario convocar el apoyo y el respaldo de la ciudadanía.

Y eso sólo es posible de llevar a feliz término si para la población se abren instancias locales de participación, de toma de conocimiento de los problemas y de diálogo con las autoridades en busca de soluciones.

La existencia de juntas locales, dotadas de autonomía y capacidad de decisión real, no es tarea fácil.

Será necesario vencer la apatía política inducida desde las malas administraciones, el desinterés y el escepticismo con respecto a la actividad política y, por lo tanto, la despolitización y la desmovilización cívica.

Uruguay ha demostrado más de una vez que existen reservas democráticas en la población y que esos niveles de conciencia cívica se expresan en diversas formas.

En la situación crítica que los nuevos elencos asumirán el gobierno la instalación y fortalecimiento de instancias de poder local serán fundamentales.

En ello hay que confiar y el punto de partida dirá presente en un lapso muy breve.

Con sus luces y sus sombras la experiencia montevideana ha dejado enseñanzas. Una de ellas es lo positivo que resulta para la consistencia democrática de la sociedad que se abran instancias en las cuales todos los vecinos pueden preguntar y dar opinión en el proceso de elaboración del presupuesto departamental.

Es de esperar que todas las corrientes políticas del país coadyuven en este proceso de profundización democrática para llevar de este modo adelante un proceso en el que no haya más que un vencedor: el ciudadano uruguayo, los hombres y mujeres de estudio y de trabajo que anhelan poner el hombro en la reconstrucción del país. *