La embestida que no cesa

La oposición política parece haber hecho de la ley de humanización del sistema carcelario el blanco preferido de sus críticas y el eje de su estrategia destructiva.

No es esta la primera vez que nos ocupamos del asunto, pero vale la pena insistir en él pues llama la atención el entusiasmo opositor en denostar un proyecto que, si bien puede tener puntos a analizar y eventualmente a corregir, es una respuesta sensata a la explosiva situación en los establecimientos penitenciarios.

El Partido Colorado se muestra dispuesto a dar la batalla hasta sus últimas consecuencias, llegando incluso a proponer la interposición de un recurso de referéndum contra la norma. La vieja colectividad de Rivera parece haber decidido profundizar su imagen conservadora, tal vez como forma de recuperar su alicaído prestigio y su más que magro apoyo electoral. Explotando la sensación de inseguridad de la población, apuesta a presentarse ante la opinión pública como el adalid de la lucha contra el delito.

Sea como sea, la derecha insiste en su receta –ya probada y de nulo efecto terapéutico– de incrementar el rigor punitivo para enfrentar el aumento de la delincuencia. Leyes penales más severas, más tiempo de reclusión, mayor libertad de acción para la Policía, son las soluciones propuestas por quienes se muestran incapaces de entender la etiología del delito y no están dispuestos a atacar sus causas.

¿Aumenta la actividad delictiva? Impongamos penas más severas a los transgresores; creemos nuevas figuras delictivas con castigos más rigurosos. Tal es, sin duda, el modo de pensar de las clases conservadoras. Poco importa si las cárceles se llenan y su capacidad locativa se ve superada en porcentajes inaceptables; poco importa que los infractores vivan en condiciones infrahumanas y que el fin de rehabilitación y reinserción se vuelva letra muerta.

En rigor, no les preocupa que la reclusión cumpla el objetivo establecido en el artículo 26 de la Constitución; de lo que se trata es de aislar al infractor, mantenerlo alejado de la sociedad aun cuando se tenga conciencia de que con ello se convierte a la cárcel en un mero depósito de individuos considerados antisociales de quienes es imposible esperar razonablemente una recuperación. Y si decimos esto, es porque ha sido suficientemente demostrado que el argumento esgrimido tantas veces del efecto disuasorio de la pena no es válido. La perspectiva de sufrir una condena rigurosa no desestimula al individuo que ha resuelto delinquir.

Especialmente en épocas de profunda crisis, cuando el desempleo se ha vuelto endémico y el nivel salarial es indecoroso, cuando el modelo compele al desposeído a infringir las normas, vano es pretender que un individuo acosado por el hambre y al margen del consumo se detenga a reflexionar sobre las consecuencias de su conducta infractora. Vale decir que, más allá de las razones humanitarias que llevaron a las autoridades a proponer la nueva ley, hay razones objetivas de interés general para instrumentar más penas alternativas a la de prisión.

Entendemos que el proyecto del ministro Díaz debe ser saludado como el primer intento serio de abordar el gravísimo problema de la superpoblación carcelaria.

Pero no sólo eso. Se trata, también, de instrumentar medidas de seguimiento de los liberados y de promover una auténtica reinserción laboral. Acompañada de una política fuerte de reactivación económica y de promoción del empleo, la iniciativa es un paso importantísimo hacia la recomposición del tejido social. *