Los robos también están topeados

Hace ya algunas semanas, el presidente del Banco de Previsión Social declaró a un medio de prensa, que desde 1987 los jubilados han aportado en forma solidaria al Banco de Previsión Social, la suma de 450 millones de dólares destinados a la construcción de viviendas para quienes tienen las pasividades más sumergidas y no tienen la fortuna de poseer un techo propio y digno. Agregó Murro que a cambio, se han recibido en este período de tiempo por parte del ente provisional, solamente 4.500 viviendas, de lo que se deduce que el costo de cada una de ellas asciende a un promedio de 83.000 dólares cada una.

Con ese dinero cualquier persona puede poseer una hermosa vivienda en los barrios más selectos de la capital, en los mejores balnearios de la Costa de Oro y no sabemos si alcanzan a tan alto valor algunas de las mejores viviendas construidas en el Interior del país. Pero esto es mucho peor porque nos consta que muchas de estas viviendas son producto del proyecto que ideó los Núcleos Básicos Evolutivos, desastrosas construcciones que demandaban un costo de una vivienda de 83.000 dólares para construir un barrio entero. Muchas, levantadas junto a grandes basurales o en la vecindad de los cementerios del interior donde los terrenos que las empresas constructoras debían ofrecer tienen muy poco valor y fueron aceptados de buena gana por el Ministerio de Vivienda y por los institutos técnicos asesores. Al averiguar por las enormes diferencias entre lo que se entregó y la suma de dinero que faltaría, las autoridades del BPS recibieron como respuesta «la plata no está».

Esto no es nuevo, hace tiempo que trascendió que «la plata no está», pero como los actores de este escenario son los mismos que el sistema reiteradamente considera «franja etaria descartable», «generadores de todos los impedimentos de desarrollo», «los que impiden el despegue», «los que se llevan gran parte del PBI», etc., a nadie se le ocurre que aquí puede haber un delito de proporciones mayúsculas y sólo comparable al vaciamiento financiero que sufrió el país hace tres años.

Esto es explicable pensando que, por la responsabilidad del problema financiero ocurrido en 2002, solamente están presos los Peirano y andan sueltos todos los cómplices que desde los lugares estratégicos del Estado, permitieron que la succión se hiciera con comodidad. A los jubilados de este país en este momento y sólo por el tema de la vivienda, les están robando unos 360 millones de dólares, pues el costo promedio de las viviendas entregadas no supera los 162 millones de dólares. Y utilizo el término «robando», a ver si alguien me dice que no es cierto y que la plata está en otro lado.

Hay varios que deben decir dónde está el dinero, que es mucho y que pasó por varias manos.

Pero no solamente decir dónde está, sino probarlo y documentarlo. Entre quienes tienen responsabilidad están los funcionarios responsables del Programa BPS   PNUD para la formulación de los planes de vivienda para jubilados, la Gerencia de Servicios Sociales del BPS, que por muchos años manejó un porcentaje de los recursos aportados y que los aportantes ignoraron por completo en qué se gastó. Los ministros de Economía, desde Ignacio de Posadas hasta Isaac Alfie, pasando por Mosca, Bensión y Atchugarry y los ministros de Vivienda, desde Chiruchi hasta Saúl Irureta, pasando por Beatriz Martínez, y Carlos Cat, quienes contrataron a diversos institutos técnicos de alto costo y dudosa capacidad según los resultados a la vista, deben rendir cuentas del destino de muchos millones de dólares que desde hace tiempo «no están».

Todos los lectores recordarán cuando en ocasión de un partido clásico en el Centenario, los contendores se tomaron a golpes de puño. Un juez penal que estaba presente y que además era integrante de un tribunal de la AUF, tomó cartas en el asunto señalando que el hecho había causado conmoción popular y remitió a la cárcel a varios futbolistas. En el Estadio había unas 60.000 personas. Aquí están robando a 574.000 jubilados y no existe «conmoción», por lo pronto los magistrados hasta ahora no han actuado «de oficio», dado que los «conmocionados» son considerados «de segunda».

Las cárceles están llenas y ello es tema de discusión política diaria. En ellas debe haber autores de la gama más variada de latrocinios, pero podemos asegurar que si sumamos el valor de lo que robaron todos los procesados que se encuentran en las cárceles de todo el país, excepto la familia Peirano, el total de lo robado no llega ni cerca de esa millonada de dólares.

Es decir, hasta cierto tope es robo, de ahí para arriba «puede ser un hecho de administración discutible».

Este hecho, responsabilidad de un grupo de delincuentes de cuello duro a quienes el Estado encargó la administración de lo que aportaban solidariamente los jubilados uruguayos, deberá aclararse y la indiferencia que hasta ahora reina, se tiene que terminar porque es tan ladrón el que roba como el que es cómplice de encubrimiento y mira para el costado sin asumir la responsabilidad de terminar con estas cosas. *