El yerro jurídico de Sanguinetti

El doctor Julio María Sanguinetti afirma en un reportaje aparecido el domingo 25 de junio en El País, que «la Ley de Caducidad es una ley de amnistía y como tal extinguió los delitos, por lo cual tampoco pueden ser juzgados los civiles».

No es así. La que sí es de amnistía es la Ley de Pacificación del 8 de marzo de 1985, que en su artículo primero dice: «Decrétase la amnistía de todos los delitos políticos, comunes y militares conexos con éstos, cometidos a partir del primero de enero de 1962″. Fue esta la ley que dejó en libertad a los Tupamaros y demás guerrilleros urbanos.

Y el artículo cinco agrega: «Quedan excluidos de la amnistía los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares… autores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o de la detención de personas luego desaparecidas…».

En cambio, la Ley de Caducidad del 22 de diciembre de 1986 no menciona la palabra amnistía, sino que reconoce en su artículo primero que «ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el primero de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales…».

O sea que caduca la pena pero no se extingue el delito, como su propio nombre lo dice. Y se aplica sólo a funcionarios policiales y militares, pero no a los civiles.

Esto es lo que debe haber exigido el Partido Nacional –por medio de Wilson Ferreira Aldunate– para votar la ley a los efectos de «concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional», como dice en su artículo primero. Los civiles golpistas quedaron, por tanto, excluidos del beneficio de la caducidad.

Y para que no fuera una amnistía que extinguiría el delito, se inventó ese nombre curioso de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

Uno se pregunta cómo el doctor Sanguinetti puede opinar así, sabiendo que los familiares de los muertos y desaparecidos cuentan con grandes asesores en Derecho Penal, entre ellos Javier Miranda –hijo del asesinado infamemente doctor Fernando Miranda, un eminente profesor universitario– y desde luego el doctor y catedrático grado cinco Gonzalo Fernández, hoy secretario de la Presidencia de la República. *