Los puntos sobre las íes

Finalmente, el Ejecutivo envió al Parlamento el anunciado proyecto de ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario.

La iniciativa del doctor José Díaz –una de las primeras preocupaciones al asumir al frente del Ministerio del Interior– fue conocida como de «descongestionamiento de las cárceles» y recibió una andanada de críticas provenientes de los sectores más conservadores. La derecha se ocupó, concienzudamente, de reducir el espíritu de la norma y sus efectos a un único hecho de consecuencias trágicas para la seguridad de la población: la liberación de peligrosos antisociales. Con ese afán simplificador, la oposición política y la prensa obsecuente se dieron a la tarea de sembrar la alarma y de generar más angustia en una población ya demasiado castigada por la delincuencia y por las gestiones gubernamentales responsables de la crisis.

Corresponde, pues, denunciar una vez más la campaña tendenciosa de la derecha, señalar sus falsedades y poner las cosas en su lugar.

La iniciativa del ministro del Interior halla su fundamento en una situación carcelaria explosiva, que ya había dado muestras más que elocuentes de hasta qué punto era insostenible. Hay cifras en la exposición de motivos de la norma remitida al Parlamento que hablan por sí solas: el índice internacional de hacinamiento se califica de crítico cuando la cantidad de reclusos en relación a 100 plazas locativas, supera los 120; en la realidad carcelaria uruguaya, el promedio se sitúa en 196, llegando a 333 en el Comcar. No es preciso abundar en comentarios respecto de lo que significa una población de reclusos alojada en un sistema carcelario cuya capacidad locativa se ve superada en casi el doble. En tales condiciones, es impensable pretender la reeducación y la reinserción social que pretende el artículo 26 de la Constitución; al contrario, las cárceles se han vuelto lugares de mortificación, donde los infractores están mal alimentados, sin una correcta atención sanitaria, compartiendo celdas minúsculas, todo lo cual abona el terreno para las conductas agresivas y para que las cárceles se conviertan en verdaderas escuelas de delincuencia.

Asimismo, la población carcelaria del Uruguay es de las más altas de América Latina en relación al número de sus habitantes: 212 reclusos por cada 100 mil habitantes.

Este último dato echa por tierra la tesis favorable al incremento del rigor punitivo como forma de desestimular la comisión de delitos. En efecto, la Ley de Seguridad Ciudadana y las leyes de Urgencia, que impusieron penas más severas para ciertos delitos, no lograron reducir la criminalidad ni el índice de reincidencia; el resultado fue el aumento de la población carcelaria.

Ahora bien. El proyecto remitido al Parlamento, si bien habilita la liberación de aproximadamente un diez por ciento del total de procesados y penados, en modo alguno significa luz verde para que queden libres los delincuentes más peligrosos.

En efecto, están excluidos del beneficio de la libertad, a texto expreso, los reclusos imputados de homicidio, lesiones gravísimas, violación, atentado violento al pudor, rapiña con uso de armas y/o de la que hayan resultado lesionados, o mediante copamiento o extorsión, tráfico de drogas, trata de blancas o proxenetismo, así como ciertos delitos «de cuello duro» tales como quiebra o insolvencia fraudulenta, violación de la Ley de Sociedades Anónimas (delito por el que están procesados los Peirano), usura, cohecho y soborno transnacionales y blanqueo de dinero.

Como se advierte, el gobierno exhibe sensibilidad ante la legítima preocupación ciudadana y niega el beneficio –que excepcionalmente otorga esta ley con ciertas condiciones– a los delincuentes que realmente significan un peligro para la sociedad.

Como el tema no se agota en este breve comentario, continuaremos el análisis de este proyecto de ley a consideración del Parlamento en próxima nota. *