Corrupción y desestabilización

Es causa de preocupación para la izquierda y el progresismo sudamericano la situación que atraviesa el gobierno brasileño, encabezado por Lula, a raíz de los actos de corrupción acaecidos en su entorno. El PT, visualizado a partir de la década del 90 – concretamente desde el Primer Foro de San Pablo – en forma referencial, como alternativa de salida al acorralamiento por parte de las oligarquías y el imperio a las fuerzas del cambio en América Latina, debe asumir con fuerza su rol de partido gobernante, reaseguro del cumplimiento de las propuestas efectuadas al conjunto de la población, en primer lugar de las cuales, la de un manejo cristalino de la cosa pública. Ello, sin perjuicio de las acciones que va tomando el presidente Lula y su equipo de gobierno, afectado también hondamente por la situación del jefe de gabinete, José Dirceu, un «histórico» del PT.

Las acusaciones de corrupción que pueden salpicar a cualquier gobierno deben ser desde luego probadas, para evitar sean utilizadas como material para canalladas, al tenor de las denuncias sobre intentos de desestabilización implicadas. No obstante, la defensa del gobierno, de su gestión y de su estabilidad, que es la de las instituciones públicas, no puede agotarse solamente en la denuncia sobre quienes acechan – adentro y afuera, personas y estados – para truncar la opción sólidamente mayoritaria efectuada por el pueblo brasileño al elegir su conducción política. Ha habido, sin duda, una acumulación de hechos incompatibles con la práctica impulsada por la fuerza política gobernante y el presidente Lula. La renuncia de José Dirceu y la denuncia sobre Martha Supplicy – ex alcaldesa de San Pablo – son hechos que le vienen como caídos del cielo a las fuerzas de la regresión – internas y externas -, pero ellos tienen la suficiente gravedad por sí mismos como para no intentar la defensa del PT y del gobierno a partir solamente de la teoría desestabilizadora y conspirativa, según la cual la crisis sería promovida por las fuerzas regresivas. Tampoco cabe traer a colación las dificultades históricas de la lucha contra la corrupción en el enorme país para intentar minimizar lo que venía sucediendo, especialmente en lo referido a la compra de votos de legisladores.

A propósito de ello ha hablado el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, atribuyendo a Lula conocimiento previo de los hechos, en virtud de lo cual se ha señalado a aquél como formando parte de la operación desestabilizadora, cosa improbable. No obstante, el ex presidente sabe de qué está hablando. Para habilitar en su momento la reelección presidencial las grandes apoyaturas de Fernando Henrique Cardoso – léase red «O Globo»- montaron una formidable maquinaria de compra de votos en el Congreso – denunciada precisamente por el PT y Lula -, enfilada a evitar el triunfo de éstos. Los agrupamientos políticos de centro y de derecha no tenían otro candidato oponible, logrando con la reelección detener por algún tiempo más el ascenso del PT y Lula. Algo similar a lo sucedido en el Uruguay con la reforma y el balotaje.

Esta crisis pone de manifiesto también las dificultades de concertar alianzas, más o menos sólidas, más o menos durables, cuando no se dispone de las mayorías necesarias, en un país tan enorme y complicado. El PT ha debido pagar en su momento determinados precios políticos para concretar alianzas, y ahora algunos de sus integrantes son imputados de pagar otra clase de precios.

El presidente Lula y su partido deberán actuar enérgicamente, cortando de raíz estos brotes de corrupción que han salido a luz, no dejando crecer otros tantos que puedan estar latentes. Por múltiples motivos estamos hoy pendientes del desarrollo y fin de esta crisis generada en el vecino norteño.

Confiamos en un desenlace positivo de la misma, al margen de teorías conspirativas, que pueden tener asidero en la realidad pero que no han sido determinantes en el nacimiento y desarrollo de la actual crisis brasileña. *