El camino de Guantánamo

La política exterior uruguaya se ha desarrollado desde sus comienzos entre riesgos mortales para la existencia de la nación. Incluso en la –para América Latina– tranquila década de los cuarenta del siglo pasado, Estados Unidos nos reclamó sorpresivamente territorio para construir una base militar que le permitiera enfrentar mejor la «amenaza nazi» en el Atlántico Sur. Una amenaza tan existente en esos días como las «armas de destrucción masiva» en el Irak de 2001.

Entonces un viejo caudillo político bastante solitario, a esa altura, en su porfiado celo nacionalista –Luis Alberto de Herrera– comprendiendo que la iniciativa estadounidense buscaba usar a Uruguay, dentro de la región, contra Argentina y Brasil (y por ello transformarlo en alguna especie de Puerto Rico de la zona) alzó a su grupo político contra el proyecto, aunque le costó que lo calificaran de nazi y pidieran contra él la cárcel, y logró hacerlo fracasar. Cuatro años más tarde, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos volvió a la carga y de nuevo Herrera (esta vez ayudado por denuncias del semanario «Marcha» de Carlos Quijano) les volvió a pinchar el globo.

Había sido difícil, pero posible. Entre otras cosas porque, en esos tiempos, a Estados Unidos lo gobernaba Franklin Delano Roosevelt.

Con este segundo Bush, sin embargo, hemos entrado en una etapa en la que el complejo militar industrial denunciado por Eisenhower, en 1961, como la mayor amenaza que se cernía entonces sobre la democracia estadounidense, ha pasado a gobernar directa y desembozadamente, y no sólo como grupo de presión cercano pero externo al gobierno. ¿Cómo es que pudieron irrumpir tan abruptamente, para imponer un estilo de dominio prepotente como Estados Unidos nunca se había permitido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial? Los ayudó sin duda lo de las Torres Gemelas. Pero el gran motivo es que ahora no existe la URSS, y junto a ella desapareció el contrapeso de poder atómico y político que contenía las ambiciones imperiales del supercapitalismo estadounidense. Lo que éste busca ahora sin disimulo es la apropiación global del planeta, como fuente de recursos naturales y como gran mercado de consumo, al servicio directo de su voraz voluntad de ganancias. Hace pocas semanas la Casa Blanca envió al Congreso un proyecto de ley financiando la producción de bombas atómicas de baja intensidad (similares a la de Hiroshima) que no son, como las otras de sus arsenales, tan poderosas como para hacer impensable su uso, sino precisamente lo contrario: aptas para poder ser descargadas contra el Tercer Mundo cuando «haga falta». Su sola construcción es un crimen contra la humanidad pero Estados Unidos y el resto del mundo están tan anestesiados frente al surgimiento súbito de esta especie de nuevo nazismo que solo hubo en contra del proyecto un tímido editorial del New York Times.

Este es el nuevo escenario mundial en donde el actual régimen estadounidense se ha acordado de Uruguay y ha dispuesto, para empezar, encerrarlo en el Tratado bilateral de inversiones. Esta pequeña cuña de tierra que se clava desde el mar entre Argentina y Brasil resulta demasiado tentadora a los teóricos del superimperio como un futuro Guantánamo del Atlántico Sur. No están dispuestos a que se les vuelva a escapar, como en el cuarenta, porque ahora ya no se consideran limitados por consensos legalistas. Les harán sentir su decisión hasta a los más recalcitrantes, avanzando rápidamente, sorprendiendo y usando la fuerza que haga falta. Pero si pueden asustar lo suficiente como para acobardar al adversario y hacerlo ceder sin gasto propio, mejor.

No es imaginable que Estados Unidos pueda tener interés económico en invertir en un mercado deprimido de tres millones de habitantes que no ofrece ni siquiera la perspectiva de poder exportar sin problemas hacia sus vecinos. Si el embajador de Estados Unidos presiona con insolencia, amenaza con represalias comerciales y alude con otras veladas amenazas a Brasil, todo para exigir la aprobación inmediata y sin cambios de un Tratado que nadie les pidió (el Uruguay tiene una ley de inversiones reciente, todo lo abierta que hace falta) es porque este «capricho» ilógico de los yanquis tiene, en realidad, un sentido estratégico.

En primer lugar torcerle el espinazo a un vasallo (hasta apenas ayer, resistente) como anuncio de lo que ahora puede venir si no «se pone» en la postura adecuada. En segundo lugar dar por iniciado, para los buenos entendedores del lenguaje del poder, «el camino hacia Guantánamo» que desde el norte se le tiene reservado a Uruguay. Un plan que pasa por la toma del poder económico en el lugar (para ellos, y más con este Tratado, algo fácil) y más tarde por el acostumbramiento a la presencia militar del patrón (maniobras militares, etc.) hasta que la pretensión se devele por último, en concreto, a un país ya no soberano sino maniatado, «domado», despojado de su dignidad nacional.

Las inversiones van a venir igual, aunque el Tratado no se apruebe, con solo que ellos lo necesiten para conseguir sus propósitos. Pero, sin Tratado, al menos llegarían a un país no quebrado, antes, por su prepotencia, como quieren conseguir ahora.

Uruguay no puede seguir viviendo económicamente en el limbo, como se le transformó en costumbre desde que murió Batlle. Debe desentumecerse y movilizarse para conquistar una integración económica al mundo moderno que resulte favorable a su pueblo. Pero acaba de abrírsele una situación tan compleja como peligrosa, en la que le va la vida como pequeña nación soberana. Y no tiene un caudillo capaz de cargar solo con la responsabilidad de salvar nuestra independencia, como Herrera en el cuarenta. Sus descendientes, hasta los más jóvenes al parecer, están urgidos por votar en el Parlamento a favor del Tratado.

Ahora, para resistir esta amenaza, no sólo hará falta toda la unidad nacional que se pueda reunir. Hará falta también combinarla con una unidad regional por ahora un tanto esquiva. Pero por sí solo Uruguay no podrá salirse del camino hacia Guantánamo que le va a ser marcado desde el norte. Sus solas fuerzas no le alcanzan para eso.

Durante bastante tiempo, mientras los problemas externos de Uruguay se redujeron a la esfera regional, la llave maestra de su diplomacia fue una política pendular entre Argentina y Brasil. Las amenazas desde un lado llevaban a un acercamiento hacia el otro, pues ninguno de los vecinos estaba dispuesto a concederle a su rival un predominio ostensible sobre Uruguay. Nuestra soberanía e independencia eran posibles sin salirnos de esa situación.

Hoy, ante este Tratado, que descubre a quienes las quieran ver las intenciones de Estados Unidos a nuestro respecto, haría falta practicar otra forma de diplomacia pendular, ahora entre Estados Unidos y el Mercosur. El Uruguay aislado no tiene condiciones para enfrentarse a los «rubios del norte» (como les decía Herrera) con posibilidades de conservar su soberanía, ni siquiera en forma relativa.

Aunque la izquierda en el poder se negara a aceptar el destino que le tienen reservado (conceder desde el gobierno al imperialismo aquello que la derecha no pudo darle en su momento), aún así, el futuro permanecería oscuro: con un país sometido económicamente, la cesión de bases por un suculento alquiler sería resuelta por el primer elenco de derecha que llegara al gobierno. Debido a esta situación, desertar del Mercosur en estos momentos, a raíz de problemas coyunturales, sería muy grave. Por razones políticas además de económicas, no debemos prescindir de él.

Para el actual equipo económico el tema de las inversiones es un problema principal. Sin inversiones no hay crecimiento, enseñan. Cualquier cosa es buena para atraer inver
siones, incluso este Tratado, etc., etc. «Porque nosotros», supone la gente, «no debemos tener nada para invertir. Somos tan pobres». Pequeño error: cientos de millones de dólares de ahorro nacional se van todos los años del país sin que el equipo económico se preocupe por ofrecerles buenas perspectivas de inversión local que los impulsen a quedarse. Algunos uruguayos tienen colocados afuera del Uruguay fondos comparables a nuestra deuda externa. Todos los países latinoamericanos los tienen. Es el mayor símbolo del subdesarrollo regional. Y esta sangría de ahorro interno que desperdiciamos está reforzada hoy no solo por la fuerte coyuntura exportadora sino porque a la agropecuaria se le retiraron al máximo los impuestos en la época del atraso cambiario… y nadie se anima a volvérselos a poner.

El recurso de los economistas del gobierno ha sido retornar al atraso cambiario, que tiene al dólar atrasado en más de un 20%. Así el equipo económico tendrá que recaudar menos moneda nacional para cumplir con el Fondo Monetario (con lo que se facilitará el trabajo a sí mismo), perjudicando apenas a los estancieros, que gozan de una coyuntura envidiable.

Esa es la «teoría» oficial. Lástima que al mismo tiempo, con ese atraso cambiario, matan a una franja de pequeños y medianos productores, de exportación y de mercado interno, que tienen importancia estratégica porque son los que más contribuyen al mantenimiento del empleo. Se están metiendo, por otra parte, en un corral del que solo van a poder salir con una gran devaluación.

¿Pero sería posible hacer algo para convencer al capital nacional de quedarse? Sería posible tratar. Y si los aludidos no respondieran se debería pensar, por lo menos, en impuestos severos.

El agujero maloliente que es a esta altura la Corporación para el Desarrollo debería cerrarse cuanto antes para dejar lugar a algo serio. (El proyecto original, que Wilson Ferreira le aportó a Sanguinetti, lo era. Pero después fue llenado de empresas fundidas y al final de ciertos directores que lo trajeron a lo de hoy).

Un banco de fomento, con seguro de depósitos, banqueros fiables, bancarios de elite y funcionamiento transparente debería sustituirla. El ahorro nacional (cobrando mucho más interés que en el extranjero) podría quedarse aquí ayudando a financiar obras de infraestructura que terminaran revirtiendo a favor de las propias actividades productivas de los depositantes. Un plan de riego, otro de canalización de vías navegables, una línea de crédito para pequeños hoteles, unos pocos millones de dólares para fundar una industria audiovisual, etc., financiados total o parcialmente con recursos nacionales, prestarían dignidad a la política económica y no obligarían a confesarle a inversores extranjeros que el ahorro local se escurre permanentemente hacia afuera del país.

En todo caso, parece claro que lo de que somos tan pobres que no hay un peso para invertir no es exacto. Por lo demás, el Tratado de inversiones no es tan malo por los recursos que pueda aportar o no aportar. Es malo por los modales con los que se pretende imponerlo, que revelan que las intenciones que hay detrás de él no son económicas, sino políticas. El gobierno estadounidense quiere cambiar el comercio que actualmente ofrece al Uruguay por un vasallaje que degrade al país y lo prepare para aceptar más adelante, como un «paso más», sus verdaderas demandas.

La sola presencia política de Herrera, un editorial de Quijano, terminarían con el confusionismo armado hoy por la derecha, de modo fulminante. El Uruguay que fue el de ellos tal vez ya no existe. Pero no hay que pecar contra la esperanza. Ni siquiera contra una política económica cuya «timoratez» puede ser solo inicial, producto de una estrategia que todavía no ha terminado de definirse, por lo menos a nivel público.

Quizá el pequeño país soberano logre tomar conciencia del peligro en el que, otra vez, está obligado a vivir, y termine salvándose de nuevo. Pero no habrá salvación definitiva si además de preservar nuestra soberanía rechazando esta imposición prepotente, no empezamos a caminar pronto, por nuestros propios medios, hacia un desarrollo nacional moderno, en lugar de esperar inversores que nos hagan el trabajo.

No hay otra, no tenemos otra. *