Los jóvenes y la violencia

Entre los múltiples desafíos que enfrenta el nuevo gobierno, mezclada con reclamos de índole salarial, discrepancias sobre la interpretación de la reforma del agua o a propósito del tratado de inversiones con EEUU, la situación en los centros de reclusión del INAU emerge con inusitada virulencia como para llamar la atención de la comunidad –y de las autoridades– sobre una realidad que el gobierno habrá de encarar con urgencia.

Urgencia porque la situación se ha vuelto límite y los menores infractores ya no soportan las condiciones a que están sometidos; y también, porque la fuga de jóvenes delincuentes (algunos de ellos de extrema peligrosidad) profundiza la sensación de inseguridad que vive el ciudadano común.

Sin entrar a juzgar el acierto o el error de las autoridades del ministerio de Desarrollo Social en la resolución de la crisis de la semana pasada en la Colonia Berro, resulta a todas luces evidente que el último motín en dicho establecimiento (ocurrido mientras las autoridades ministeriales y del INAU respondían a la inquietud de los legisladores) fue resuelto de manera más eficaz que el primero gracias a la intervención de los grupos especiales GEO dependientes del ministerio del Interior. En este último caso –y más allá de si corresponde el traslado de menores al penal de Libertad– no se vivieron momentos de zozobra, ni hubo toma de rehenes, ni se registraron menores lesionados, ni se produjeron fugas.

Como lo hemos sostenido más de una vez, una de las tareas prioritarias del gobierno –del actual y de cualquier otro– es la de rediseñar políticas de Estado respecto de la minoridad infractora. La delincuencia en general –y la delincuencia juvenil en particular– no son fenómenos de hoy (las correccionales de menores existen desde hace mucho tiempo en todas las latitudes), pero a nadie escapa que, por lo menos en Uruguay, en los últimos años el problema ha adquirido características alarmantes por su crecimiento exponencial y por la índole de los delitos cometidos.

Ese descalabro social, esa fractura en la sociedad que hoy nos sacude, es el producto de casi veinte años de gobiernos que, aunque democráticamente electos, aplicaron con entusiasmo un modelo de crecimiento económico que inevitablemente conduce a la miseria de los más. Es el modelo que abrazó e impulsó el gobierno cívico-militar y que las administraciones democráticas que lo sucedieron continuaron aplicando. Por algo se decía, ya en 1984, que los partidos tradicionales representaban el continuismo; desde luego que no el continuismo de la barbarie dictatorial pero sí el continuismo económico.

El desempleo y el bajo nivel salarial –o, si se prefiere, la caída del poder adquisitivo del salario real– son dos factores que están en el origen de la fractura social; luego viene la catarata de males sociales: deserción escolar, crisis de la familia, pérdida de valores, graves problemas de vivienda, falta de una correcta atención sanitaria y varios etcéteras que conforman esa realidad social insultante.

Ahora bien, es preciso no caer en esquematismos y tener en cuenta que la violencia está instalada en la sociedad independientemente de las cuestiones económicas. Sucesos reiterados en liceos públicos demuestran que los jóvenes de hoy han encontrado en la violencia y en la agresividad la única forma de relacionarse, desnudando así otra faceta social no menor y que será preciso analizar y corregir con cierta premura. Estamos hablando de la falta de lugar, la falta de espacios y de perspectivas para los jóvenes de que adolece la sociedad actual. Las querellas generacionales siempre han existido, pero nunca como hoy es tan palpable la brecha y la incomunicación entre jóvenes y adultos.

Será preciso que desde los organismos estatales correspondientes, con el apoyo de ONG con experiencia en el asunto, se despliegue una tarea que contemple a los jóvenes, que los comprenda y que les dé el lugar que hoy no tienen. *