La derecha irresponsable

Se han cumplido cien días de gobierno progresista.

Muchos hablan de dicho lapso como un período de «luna de miel» que, una vez concluido, dejará el campo libre para los enfrentamientos entre gobierno y oposición.

En realidad, la oposición –encarnada por los Partido Nacional y Colorado pero liderada por el primero en razón del número de legisladores con que cuenta– asumió su papel de tal desde el comienzo y en forma implacable. En efecto, en los «cien días de luna de miel» la oposición convocó a sala a 25 secretarios de Estado que debieron responder a cuestionamientos y críticas diversas. La comparecencia más notoria –y que más revuelo causó– fue la de la ministra de Salud Pública a consecuencia de las dificultades verificadas en el tratamiento de radioterapia del Pereira Rossell.

Sin embargo, los dardos de la oposición parecen centrarse más bien en la figura del doctor José Díaz, titular de la cartera de Interior, pues a pesar de que sólo una vez debió acudir a un llamado del Parlamento, se multiplican los cuestionamientos a su tarea desde diversos medios de prensa.

Parece incuestionable que desde la asunción del doctor Díaz al frente del Ministerio del Interior, el accionar de la Policía ha mejorado sustancialmente. Paralelamente a medidas acertadas para combatir la corrupción en el instituto policial, otras decisiones del jerarca apuntan a lograr una mayor eficacia de las fuerzas del orden tanto en su aspecto preventivo como represivo.

Más allá de si el número de delitos aumentó o disminuyó, nadie podría negar que la Policía se ha anotado éxitos no menores en el combate al tráfico de drogas, así como en procedimientos más rutinarios, logrando la captura de delincuentes y desbaratando organizaciones de corte mafioso.

Mucho tiene que ver en ello la política diseñada desde el ministerio y llevada a cabo con convicción y firmeza en lo concerniente a la profesionalización de la Policía. Se ha abandonado la vieja práctica de proveer los cargos de dirección con correligionarios y se ha apostado a que al frente de las diferentes reparticiones se nombre a funcionarios de carrera.

La semana pasada, el doctor Díaz fue citado por la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, en razón de que en Maldonado se habría producido un aumento exponencial de los delitos a partir de la derogación del decreto que permitía a la Policía detener a individuos sin causa justificada.

Con datos y estadísticas irrefutables, el ministro pulverizó la argumentación opositora, que tendía, aparentemente, a desacreditar la gestión de Díaz sembrando alarma en una población que vive la inseguridad como uno de los mayores problemas.

En el mismo sentido parece ubicarse la polvareda levantada con motivo del proyecto de ley de descongestionamiento de los establecimientos de reclusión. En estos casos, emerge la fibra propia de la derecha que no encuentra otra respuesta al incremento de la violencia delictiva que un aumento de la represión y del rigor punitivo. Pretendiendo ser intérpretes del sentir de la mayoría de la población, no vacilan en poner el grito en el cielo cuando se habla de la posibilidad de liberar a algunos detenidos. No vacilan en fomentar la alarma pública y aumentar la sensación de inseguridad de la gente.

Tal actitud revela un alto grado de irresponsabilidad que prioriza mezquinos intereses políticos por encima del interés general. *