La modernización de la auténtica riqueza

Resulta deplorable que un país como el nuestro, que cuenta con 16 millones de hectáreas productivas, sin problemas raciales, climáticos y carente de oscilaciones o sacudimientos terrestres, haya alcanzado al grado de postración social, económica y moral, que denuncian los testimonios de la realidad. Porque cuando cifras incontrovertibles dan cuenta de los índices de pobreza, desempleo, emigración o endeudamiento –por citar cuatro perlas de un cruel collar que acogota al pueblo– comprobamos cuánta necesidad tenía la gente de que otros vientos comenzaran a soplar en el suelo patrio.

Venciendo primordialmente obstáculos creados con fines censurables, en la reforma constitucional de 1996, a las que se sumaron condiciones adversas, provenientes de una prensa históricamente sumisa con el poder, los titulares de la soberanía laudaron en las urnas por cambios que hoy dan sus primeros pasos. En ese contexto, una de las transformaciones esperadas con mayores expectativas, es la que se relaciona con el sector agropecuario, no solamente por la jerarquía del equipo que lidera Pepe Mujica, sino porque allí está nuestra genuina riqueza.

De más está decir que la reforma de las estructuras agrarias será tan ardua como compleja, por la magnitud de los impedimentos que deben removerse pues el modelo neoliberal que tiene sus raíces en la década del 60, no solamente estimuló el acaparamiento de tierras en beneficio de poderosos terratenientes, sino que facilitó su extranjerización, permitiendo que sociedades anónimas con acciones al portador, comprasen campos con fines especulativos. Y es importante memorizar que los responsables de estas políticas suicidas, en noviembre de 1999 consolidan la unidad ideológica en una gran familia, para reafirmar el objetivo de transformar al Uruguay en una plaza financiera, en un vendedor de servicios, y en un captador de capitales golondrinas, bajo las banderas deshumanizadas del libre mercado.

Como era previsible, esta filosofía de darle la espalda a la campaña, trajo como consecuencia la vulneración del principio que proclama que la tierra debe cumplir una función social, motivando que nuestros campesinos la fuesen abandonando, para sumarse a la población periférica de las ciudades, especialmente de Montevideo, donde han crecido como hongos los cantegriles o asentamientos irregulares. Debe reconocerse, hasta por razones de honestidad intelectual, que ese trasiego humano, motivado fundamentalmente por circunstancias laborales, ha sido tremendamente perjudicial para la economía, ya que decenas de miles de compatriotas, en lugar de estar radicados en el medio rural con sus empresas explotando los diversos rubros que el mismo habilita, han pasado a formar parte de la columna de desocupados, cuyas necesidades primarias envuelven a muchos en el campo delictivo.

Pese a que el Uruguay posee el 88 por ciento de las tierras productivas, frente al 24 por ciento que es el promedio en nuestro continente, no hemos logrado que sea un polo generador de alimentos procesados e industrializados por nuestra gente, prevaleciendo la ganadería extensiva ineficiente, al extremo que hoy el 45 por ciento del área total, se concentra en explotaciones de más de dos mil hectáreas con el mínimo de mano de obra. Recuérdese que los dueños del dinero, apoyados por los fogoneros de la reacción, lograron que una parte del pueblo creyese que la subdivisión racional de la tierra para obtener una mejor producción, constituía un instrumento violatorio del derecho de propiedad, como asimismo la promoción de un concubinato con el marxismo.

Resulta absurdo que en una nación donde más del 70 por ciento de las exportaciones provienen del campo, casi tres millones de personas vivan en el circuito urbano, mientras quedan menos de 270 mil en la campaña. En este marco, a nadie puede extrañar que el Instituto Nacional de Colonización no haya cumplido los altos propósitos que legitimaron su creación, como asimismo se haya producido el total desconocimiento de los arts. 231 y 232 de la Constitución, normas progresistas invocadas en 1966, con el solo propósito de competir con éxito en el proceso reformista de aquél año.

Tenemos la plena convicción de que el actual gobierno recorrerá el camino opuesto al trazado por quienes nos gobernaron hasta el primero de marzo, trasladando al medio rural nuevas condiciones de vida y de productividad, que concepciones feudalistas se la quitaron. *