Después del motín

Como si se tratara de un fenómeno cíclico, motines carcelarios explotan periódicamente sacudiendo a los medios y conmoviendo –e inquietando– a la sociedad, que ve aumentar así la lógica sensación de inseguridad ya instalada desde hace tiempo en la percepción del colectivo social.

En todos los casos, la rebelión de los reclusos –sean éstos adultos o menores– se origina en las malas condiciones en que deben vivir su reclusión.

El reciente episodio ocurrido en la Colonia Berro no escapa a esa constante y viene a golpear nuevamente el rostro de una sociedad que no supo responder adecuadamente a la problemática de la minoridad infractora.

Hace exactamente un año, a mediados de junio de 2004, se divulgó un informe sobre la situación en la Colonia Berro. Del documento surgía claramente una realidad dantesca que hizo comentar al ministro de Educación y Cultura (por entonces la cartera de la que dependía el Iname), doctor Leonardo Guzmán, en oportunidad de una visita sorpresiva al módulo de máxima seguridad del establecimiento de reclusión: «Esto es espantoso», para concluir con la siguiente reflexión: «En ninguna área podemos fabricar marginados».

En el documento de referencia se detallaban tratos inhumanos y prácticas vesánicas de parte de algunos funcionarios, así como las pésimas condiciones de higiene en que vivían los menores infractores. El doctor Guzmán había dispuesto que se hicieran reformas edilicias a cargo de arquitectos del ministerio pues era preciso, según sus propias palabras, «remodelar las áreas en que hemos encontrado condiciones que nosotros no queremos ni para nuestros hijos ni para la ciudadanía».

A propósito del tema, dijimos en nuestro editorial del 20 de junio de 2004:

«Tales expresiones son suficientes para demostrar la gravedad de la situación que viven los menores recluidos en la Colonia Berro y desvirtúan los esfuerzos de ciertos jerarcas por quitar trascendencia a las denuncias.

Más allá de la decisión ministerial de enfrentar el problema, y de la honradez del doctor Guzmán al reconocer lo inhumano de las condiciones imperantes en ese centro de rehabilitación/reclusión, cabe destacar que esa terrible realidad (que por fortuna se supone que está cambiando o que va a cambiar de acuerdo con los propósitos del ministro) no es un fenómeno aislado ni reciente.

Raras veces en nuestro país, las políticas de Estado para enfrentar el problema de la minoridad infractora fueron las adecuadas. Nunca se contó con los recursos presupuestales suficientes como para desarrollar una estrategia que se propusiera, en serio, rescatar a esos niños y adolescentes del submundo del delito y reeducarlos para hacer de ellos ciudadanos útiles a la sociedad. Muy pocas veces hubo al frente de ese organismo jerarcas con idoneidad para tratar materia tan delicada, pues la norma ha sido llenar los cargos de dirección con el mismo pernicioso criterio de cuota política que se emplea para ocupar cargos de confianza en cualquier empresa pública.

Para estar al frente del Iname y de los institutos que de él dependen es preciso contar con antecedentes y un currículo que acrediten la imprescindible solvencia profesional en la materia para diseñar estrategias correctas y llevarlas adelante con inteligencia, con vocación y con ganas de que las cosas cambien».

Con la asunción del nuevo gobierno, las cosas parecen empezar a cambiar; por lo pronto, al frente del INAU (ex Iname) se halla una persona de reconocida trayectoria y probada capacidad. Corresponde ahora que el gobierno –a través de su equipo económico– atienda las necesidades presupuestales del organismo de modo que éste pueda contar con la infraestructura adecuada para cumplir sus funciones. Fundamentalmente, aquellas que tienen que ver con la reeducación, la rehabilitación y la reinserción social de los jóvenes infractores. *