La lucha no es en vano

a nada será igual.

Al tiempo que en Argentina la Corte Suprema de Justicia admitió la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia debida, en nuestro país el Poder Ejecutivo excluye nuevos casos de violaciones de los derechos humanos del amparo de la impunidad consagrada por la Ley de Caducidad. Las citaciones a militares motineros y civiles colaboracionistas vuelven a cursarse, pero esta vez no hay coffre-fort de Medina ni presidente metido a guardaespaldas de los terroristas de Estado.

Una brecha se abre en la ominosa muralla de la impunidad. Fueron años de embates constantes de ariete contra la fortaleza edificada –por gobernantes complacientes–, sobre planos diseñados por los mandos militares golpistas implicados en atroces violaciones a los derechos humanos.

El edificio del oprobio se desmorona a menos de veinte años de inaugurado.

Cierto es que la realidad uruguaya es muy distinta de la argentina. En el vecino país, no bien recuperada la institucionalidad democrática, las figuras más relevantes del golpismo y el terrorismo de Estado desfilaron por los juzgados y fueron sometidas a proceso penal. Sólo después de los procesamientos decretados por la Justicia ordinaria, el gobierno del doctor Alfonsín cedió a las presiones y consagró la amnistía para los terroristas de Estado mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En Uruguay, en cambio, la vergonzosa impunidad fue consagrada a priori. El Estado resignó su pretensión punitiva antes de que alguno de los más connotados terroristas de Estado recibiera ni el mínimo castigo; antes, siquiera, de que debiera comparecer ante una sede judicial para responder por sus crímenes.

No obstante, la impericia, la imprudencia y/o la urgencia en proteger a los militares delincuentes hicieron que la Ley de Caducidad presentara fallas y rendijas por donde se abren paso, majestuosas, la voluntad política y la vocación de justicia del pueblo uruguayo.

De la misma manera que las organizaciones argentinas defensoras de los DDHH –como Madres de Plaza de Mayo y otras– no cejaron en su empeño por conocer la verdad sobre los desaparecidos y exigir justicia y castigo a los culpables, las organizaciones uruguayas emprendieron una tarea de machaque, de martilleo constante, de reclamo permanente, que empieza a dar sus frutos. Una lucha de más de veinte años por verdad y justicia, por memoria y dignidad y por nunca más.

La sugerencia sanguinettista de no tener ojos en la nuca, de dar vuelta la página y de perdonar, se lanzó sobre una base falsa e inconsistente: no es posible decretar un perdón indiscriminado sin saber a quién se perdona; no es posible construir la paz y la concordia sobre la proscripción de la memoria, sobre el escamoteo pertinaz de la verdad ni sobre la renuencia a investigar lo que manda la ley y, en general, sobre la tendencia a interpretar torcidamente su espíritu.

Fue así que se ampararon en la impunidad delitos cometidos fuera del período de facto, y delitos cometidos por civiles. Ambos extremos están expresamente excluidos del alcance de la Ley de Caducidad.

Por cierto, las fuerzas de la derecha recalcitrante no sospecharon que la izquierda podría llegar al gobierno y que el Presidente observaría cuidadosamente cada una de las disposiciones de la Ley de Impunidad. Deberían haber imaginado –aunque nunca lo hicieron– que un día podría asumir un gobierno dispuesto a cumplir a cabalidad con la ley que ellos pergeñaron y no cumplieron. Que un presidente podría ejercer sabiamente la potestad jurisdiccional que la propia norma le confiere y dictaminar qué situaciones están amparadas por la caducidad y cuáles no lo están.

La sociedad uruguaya está reencontrándose con la dignidad. *