Gobierno y opinión pública

La existencia de tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación, que conoce períodos de idilio alternados con los de fastidio y exasperación, no es una novedad ni para este gobierno ni para este país.

Lo que importa aquí es que la información pueda fluir en forma ordenada y fidedigna y los profesionales de la comunicación sientan que pueden incursionar libremente en todos los temas, criterio que, según ha expresado recientemente el gobierno, es el que, razonablemente, esta Administración se propone llevar a la práctica.

No obstante hay otra zona que, más que con la comunicación, tiene que ver con los procesos políticos y la manera de encarar la existencia de matices o divergencias dentro del elenco gubernamental y de éste con sus aliados y con el conjunto de la población.

De acuerdo con algunas mediciones del estado de opinión existente entre los uruguayos, el gobierno nacional tendría un respaldo mayoritario, y sumamente importante de la población.

Todo parece indicar que esto forma parte de una suerte de «línea de crédito» otorgada a la fuerza política que encarna la voluntad de cambio, apoyo de opinión que va más allá de las pequeñas contingencias del gobierno.

Como es sabido, este tipo de apoyo de la opinión pública, del que también, en su momento, disfrutó el doctor Jorge Batlle, puede llegar a ser inmenso… mientras dure. La experiencia indica que no suele ser eterno.

Otro marco de reflexión es el que atañe a las bases de sustentación social que han respaldado durante años la acción de la izquierda política que actúa en el plano institucional. Nos referimos a las organizaciones gremiales, las federaciones de cooperativistas, las asociaciones preocupadas por el medio ambiente, los grupos favorables a políticas que hagan posible la legalización del aborto, entre otros.

Estos componentes de la realidad nacional, a los que, a menudo, se engloba en la expresión «sociedad civil», han tenido coincidencias importantes con las fuerzas políticas hoy en el gobierno, han participado junto a él en la realización de plebiscitos y referéndum contra las leyes y movilizaciones políticas de diversa índole.

En gran medida, la historia de la vida política del país en los últimos veinte años mostró la continuidad de la confluencia de los actores sociales y políticos en el abordaje de algunos de los grandes temas nacionales.

Como es sabido de sobra, una cosa es la línea política de una organización cuando su papel en la democracia es actuar como oposición al gobierno y otra al asumir las responsabilidades inherentes a la conducción del país todo.

Ahora bien, he aquí que, sea mirándose en el espejo de la experiencia de la izquierda en otros países, sea en el examen de su propia experiencia al frente de la Intendencia Municipal de Montevideo, las fuerzas políticas actualmente en el gobierno dedicaron, a lo largo de los últimos años, mucho tiempo y mucha energía a trazar los lineamientos de lo que sería la relación entre el partido de gobierno, el elenco de gobierno y las organizaciones propias de la sociedad. Fueron las famosas discusiones acerca del problema del «relacionamiento».

En este contexto se han conocido algunas declaraciones formuladas por el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Mario Bergara, en una alocución realizada en el centro de conferencias del BID, en Washington, a la que asistieron numerosos funcionarios de ese organismo y del FMI. Según una crónica de Gerardo Lissardy, publicada ayer en Búsqueda, el jerarca de Economía sostuvo que, a partir del gobierno del Frente, «es posible que los mecanismos de democracia directa», como los plebiscitos que se opusieron a las privatizaciones, «van a quedar de lado. Ahora va a haber reformas. Porque había cosas ridículas, como decir, vamos a votar en contra del tema de la empresa de petróleo, no porque la asociación esté mal sino porque los que lo van a hacer son ellos».

Se trata, sin duda, de un punto de vista que habrá de suscitar más de una opinión, tanto dentro como fuera del Frente Amplio. *