Humanización del sistema carcelario

La cordialidad que parecía reinar entre gobierno y oposición ha dado paso, insensiblemente, a una situación de enfrentamiento en que la minoría blanquicolorada dispone sus baterías contra varios flancos.

Con motivo de la ruptura de las negociaciones para integrar a la oposición en organismos estatales, voceros de la derecha no vacilaron en atribuir al gobierno vocación autoritaria. Asimismo, censuran duramente los nombramientos en cargos de confianza sin advertir que precisamente por ser cargos de confianza, corresponde al gobierno proveerlos con personas de su confianza política; se ha hablado –sin fundamento alguno– de clientelismo y amiguismo, como si colorados y blancos fueran en un todo ajenos a tales prácticas, cuando ellos sí hicieron del nepotismo, del amiguismo y del clientelismo su forma natural de integrar los organismos estatales. Luego fue el turno del titular del Mvotma, a quien se interpeló por la reforma del agua, tratando de hacer aparecer como inconstitucional el decreto del Ejecutivo sobre el asunto.

Entre las múltiples aristas que ofrece la embestida opositora contra el gobierno electo, corresponde destacar el embate contra el ministro del Interior, doctor José Díaz, por el proyecto de ley conocido como de Humanización y Democratización del Sistema Penitenciario.

Acostumbrados a las soluciones represivas, blancos y colorados ponen el grito en el cielo ante la posibilidad de que un cierto porcentaje de reclusos recobre su libertad. Pretenden erigirse en intérpretes del sentir de la sociedad y en celosos guardianes de la seguridad ciudadana, pero son ellos precisamente, estos agoreros de desgracias, quienes coadyuvan a generar la sensación de inseguridad en la población. No tienen empacho en generar alarma pública anunciando calamidades varias en caso de aprobarse la iniciativa, instalando de ese modo en la comunidad la idea de que el gobierno se propone liberar a los peores delincuentes a merced de cuyas tropelías quedarán los ciudadanos honestos.

Nadie cuestiona el irrestricto derecho de la oposición –y de todo ciudadano– de criticar al gobierno y de expresar sus opiniones, pero sí corresponde señalar la mala fe con que actúan algunos dirigentes opositores, movidos exclusivamente por espurios intereses políticos.

El proyecto de ley que deberá estudiar el Parlamento luego que el Ejecutivo se lo remita apunta a descongestionar las cárceles uruguayas, cuya capacidad locativa se ve ampliamente superada. En esa línea, se proponen ciertos mecanismos como, por ejemplo, la posibilidad de recuperar la libertad para los reclusos con condenas de menos de tres años que hayan cumplido la mitad de la pena, así como la libertad anticipada de la que podrán gozar, también, los reincidentes. Pero quedan excluidos de todo beneficio a texto expreso los delitos violentos graves, tales como violaciones, copamientos, homicidios agravados y delitos económicos que hayan generado alarma pública.

Pero paralelamente a estas medidas urgentes para atender la situación de emergencia en los establecimientos de reclusión, el proyecto propone otras soluciones tendientes a modernizar la legislación penal y a reformular el Código del Proceso Penal. Asimismo, se otorgan mayores potestades al Patronato de Presos y Liberados, como forma de mejorar su función.

Por primera vez, un gobierno intenta dar respuestas serias al problema de la delincuencia y de la superpoblación carcelaria, un problema cuya solución no pasa exclusivamente por medidas represivas.

Y para finalizar, bueno es tener presente lo dicho hace unos años por el ex presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn: “Mientras exista pobreza, los ricos no tendrán paz. Si no creamos una mejor distribución de la riqueza, no habrá paz. Es muy sencillo”. *