Política carcelaria

Según se ha anunciado, en estos días ingresará al Parlamento el proyecto de ley (el quinto borrador desde que se comenzó a hablar del tema) tendiente a descongestionar las cárceles.

Cuando conozcamos el texto del proyecto estaremos en condiciones de analizarlo, pero de todos modos corresponde señalar que se trata de un intento serio para resolver un problema que se arrastra de larga data y que ha venido agudizándose en los últimos años.

La realidad carcelaria nos golpea cada tanto implacablemente, como gritando a la sociedad para llamar la atención sobre una situación explosiva para la que las respuestas oficiales han llegado tarde y poco han resuelto.

El hacinamiento, la promiscuidad, las malas condiciones sanitarias han hecho de las cárceles uruguayas verdaderos centros de mortificación. Hace ya bastante tiempo que los etólogos nos han advertido de los efectos catastróficos que suele traer aparejado el hacinamiento. Someter a seres humanos a vivir en condiciones de hacinamiento no solamente es inhumano y denigrante sino que ello afecta directamente la psiquis y genera comportamientos incivilizados que escapan por completo a cualquier control de la conciencia; incluso puede conducir a la insania.

La reclusión como castigo a los infractores ha sido puesta en tela de juicio en razón de su inoperancia como elemento disuasivo o como medio de reeducación y de reinserción social, y las modernas corrientes propugnan la aplicación de penas alternativas a la de prisión. Es que la privación de libertad es una medida que suele lograr el efecto contrario del deseado.

Si a ello agregamos que las condiciones en que los infractores deben cumplir su condena semejan más bien uno de los círculos dantescos, con los vicios, irregularidades, arbitrariedad y corrupción característicos, tendremos una realidad siniestra de la que vano sería esperar una rehabilitación de los infractores y una disminución de la actividad delictiva.

Estamos de acuerdo en que el auge de nuevas formas de violencia delictiva y el incremento de las tradicionales han suscitado en la comunidad una explicable sensación de inseguridad. Y es legítimo el clamor social por una solución al problema. Pero cuando hablamos de solución, nos referimos a soluciones verdaderas y de fondo y no a parches.

Pues bien, ante este clamor –legítimo, repetimos– las autoridades no han sido capaces de dar sino una respuesta primitiva, propia de una mentalidad pre-lógica. ¿Aumenta la delincuencia? Pongamos penas más severas y construyamos más cárceles; tal parece ser el razonamiento. Lo único a que han atinado las autoridades de las administraciones anteriores es a aumentar el rigor punitivo y a tomar medidas de prevención que no atacan las causas profundas de la descomposición social. Los patrullajes se multiplican, proliferan las empresas de seguridad, los ciudadanos se enrejan, las cárceles se superpueblan. Cuando no haya más espacio ni rubros para construir más prisiones, ¿qué se hará con los infractores? ¿Se volverá a implantar la pena de muerte?

No obstante, es preciso tener en cuenta que si bien han aumentado los delitos y los delincuentes, la población del país se ha mantenido prácticamente estancada.

Este dato de la realidad debería mover a reflexión para tomar conciencia del deterioro social y el consiguiente descaecimiento de los valores en nuestra castigada sociedad.

Desde luego que estamos de acuerdo con que los delitos no deben quedar impunes, y compartimos el sentir de la sociedad que reclama seguridad. Pero exigimos políticas precisas, realistas y efectivas para combatir la delincuencia como lo que es: un fenómeno originado en la injusticia, la miseria y la exclusión.

Y nos consta que las soluciones de fondo a este problema poco tienen que ver con el Ministerio del Interior o con el Poder Judicial.

Por eso es preciso apoyar la iniciativa del ministro Díaz ante los embates que presumiblemente vendrán desde la derecha. *