Que pague más el que tiene más

Hay quien sostiene que el derecho tributario refleja la lucha ancestral del ciudadano contra la voracidad del fisco. Esta «boutade» no está alejada de la realidad, pues innumerables episodios de la historia de la Humanidad tienen que ver con rebeliones de contribuyentes agobiados por un Estado (o una clase social privilegiada) dispuesto a multiplicar los gravámenes o a imponer nuevos tributos para financiar déficits, aventuras bélicas o caprichos de las clases ociosas (no olvidar que los diezmos y la gabela tuvieron mucho que ver en el origen de la Revolución Francesa).

La historia también es pródiga en ejemplos de rebeliones menos heroicas, como puede serlo la simple evasión. Un recurso que, sin derramamiento de sangre, apunta al mismo fin: mitigar el peso de los impuestos. La excesiva carga fiscal actúa como un estímulo a la imaginación del contribuyente para idear mecanismos que le permitan evadir sus obligaciones fiscales.

En rigor, a pesar de que todos reclaman del Estado eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, a nadie le gusta pagar impuestos. Todos claman por una Justicia más rápida, por una Policía más eficaz, por una mejor educación pública, pero al mismo tiempo se quejan amargamente por los tributos que el Estado impone para financiar su tarea.

Es así que desde un tiempo a esta parte, la guerra contra el fisco ha tomado otro sesgo y, además de las mil y una triquiñuelas para evadir el pago de los impuestos, la actividad privada –emprendedor y pujante motor del crecimiento económico– se dedica a un sencillo chantaje: si quieren inversión privada –la única capaz de crear empleo y promover el desarrollo– el gobierno debe otorgarnos un pequeño privilegio consistente en exoneraciones fiscales; si tenemos que pagar impuestos, no hay inversión y nuestros capitales se radicarán en otro lado.

Tal parece ser el sustento doctrinario del reclamo efectuado por empresarios de la construcción y del mercado inmobiliario ante la campaña de la DGI para mejorar la recaudación del Impuesto al Patrimonio. En El Observador del domingo 29 se informa de la resistencia que levantó la decisión de la DGI. Se habló del «pánico» que podría generarse entre los inversores, quienes se sentirían desestimulados para invertir en la construcción y en los bienes raíces. De acuerdo con la crónica del colega, el dirigente de Appcu Ricardo Weiss sostuvo: «Un inversor, antes de decidirse, siempre sopesa la rentabilidad y los costos. El Impuesto al Patrimonio, tal como surge hoy en escena, puede comenzar a generar pánico, miedo, sobre todo a la gente que se encuentra en el exterior. Hoy, con esa campaña se está haciendo algo parecido a una persecución».

Como se advierte, el ejemplo es por demás ilustrativo de esa mentalidad fomentada por el dogma neoliberal. Que la mera pretensión del director nacional de Rentas de cobrar un impuesto que data de 1967 provoque esta reacción de parte del empresariado, es un hecho revelador de esa corriente de pensamiento que pregona prácticamente la eliminación de los impuestos. Y va en sentido exactamente opuesto a lo que es la postura del gobierno en materia impositiva, resumida en la premisa de «que pague más el que tiene más y menos el que tiene menos».

Nadie duda de que resulta imprescindible una reforma del sistema impositivo. Se impone un «aggiornamento», una reorganización de la estructura de la DGI y una modernización en cuanto al cruzamiento de datos con el BPS y con Aduanas. Al mismo tiempo, se deberá implementar progresivamente el impuesto a la renta, la baja del IVA y la eliminación de una cantidad de impuestos que no hacen otra cosa que entorpecer la tarea de recaudación.

Una reforma que apunte a hacer realidad el eslogan y que promueva el crecimiento con justicia distributiva.