Las responsabilidades de la oposición

A medida que transcurren los días, comprobamos cómo se amplía el horizonte para dar cabida a los gravísimos problemas sociales, económicos y éticos dejados por el gobierno de coalición. Porque más allá de las diferencias filosóficas y conceptuales que separan a la actual administración de las anteriores, resulta sorprendente con qué criterios fueron conducidos los asuntos públicos hasta el 28 de febrero.

Las duras y crueles realidades que se van conociendo, a través de inventarios y relevamientos que se están procesando, anuncian tiempos difíciles y serias dificultades, para que el gobierno cumpla puntualmente con los grandes objetivos, estampados en la plataforma programática oportunamente divulgada. Y ello, porque el país lejos de encontrarse en un recorrido de recuperación, como lo sustentan con mucho descaro los integrantes de la «familia ideológica», los hechos con concluyentes elocuencias denuncian ineptitudes, deficiencias y abusos, cuyas dimensiones se ensanchan en proporción al conocimiento que van suministrando las auditorías y el examen de la profusa documentación que se almacena en los múltiples estamentos estatales.

Obsérvese que en este breve lapso al frente del gobierno, el doctor Tabaré Vázquez y sus colaboradores se han visto asediados por un cúmulo de sorpresas que dañan fuertemente la economía nacional, irregularidades que por su magnitud, exigen una respuesta de quienes son directos responsables de que ellas se hayan producido. De manera que la retórica y los artificios que utilizan los causantes de esta acogotadora postración, deben ser pulverizados sin miramientos de clase alguna, ya que el fin perseguido es transferir las propias culpas a la izquierda de una crisis sin precedentes. Inscriptos en esa estrategia, visualizamos cómo el doctor Julio M. Sanguinetti en lugar de confesarse coautor de las crueles desigualdades que hoy golpean a la nación, se ocupa del relevamiento del director de protocolo de Cancillería, insinuando una desviación de poder, cuando le consta que la decisión es legítima por tratarse de un «cargo de confianza». Pero su protesta rebasa los límites de la buena fe, cuando históricamente su colectividad ha monopolizado las designaciones en la administración pública, al extremo que a la contaminación partidaria, no escaparon los organismos de seguridad como las Fuerzas Armadas y la Policía.

La gente está acalambrada de leer o escuchar tanto pedantismo académico de parte de quienes administraron el país durante las últimas décadas, con el agravante de que reclaman soluciones referidas a problemas que ellos mismos crearon.

Recuérdese que en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, se batió récord en la celebración de contratos de obras, llegando el pueblo a desembolsar U$S 20 millones, y que en el Correo las nuevas autoridades eliminaron diez arrendamientos de servicios, porque los mismos no se justificaban.

En el área laboral, se le deja a la izquierda un legajo totalmente huérfano de garantías, no solamente por la falta de controles en plantas forestales, cítricos y demás tareas propias del sector agropecuario, sino porque el neoliberalismo desenfrenado ha facilitado la industria de las tercerizaciones de los trabajos contratados, permitiendo que las empresas se liberen de sus obligaciones frente al BPS y Banco de Seguros. Por ello, debe felicitarse al ministro Eduardo Bonomi, quien frente a un escenario colmado de irregularidades y abusos, ha decidido que el empresario original asuma sus responsabilidades subsidiarias ante cualquier incumplimiento de los contratistas, en los arrendamientos de obras o servicios que se generen con los asalariados.

El altísimo endeudamiento interno y externo que han dejado estos señores al gobierno del doctor Vázquez, donde las amortizaciones e intereses devoran los recursos que tendrían que volcarse en circuitos fundamentales como la salud, la enseñanza y la seguridad, son ignorados por aquellos con una desaprensión que subleva por su fina ironía.

Adviértase que ahora se escandalizan por opiniones opuestas que tienen los dirigentes a nivel oficial en asuntos puntuales, como si ello no fuese normal en una fuerza democrática, pero se cuidan de admitir que luego del debate que enriquece la controversia, aflora una voluntad unitaria que desaloja la anarquía que ellos propician con fines electorales.

En definitiva la opinión pública visualiza que el gobierno nacional está actuando con austeridad, responsabilidad y transparencia, eliminando prebendas y privilegios incompatibles con el sistema republicano, en una tarea de saneamiento innegociable, pues, como decía Andrea Frangias, el más corrosivo de todos los ácidos es el silencio. *