Lucha contra la violencia doméstica

Tal como se informó ayer, tuvo lugar el miércoles la presentación oficial del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, una publicación que recoge, además de datos y estadísticas, el marco jurídico nacional e internacional con sus antecedentes, así como análisis sociológicos y los objetivos propuestos.

De lo que se trata en definitiva es de «diseñar y gestionar políticas públicas específicas para la erradicación de la violencia doméstica en el ámbito nacional, liderando los procesos que garanticen la protección, prevención y promoción de derechos».

Vale la pena recordar algunas cifras particularmente significativas y reveladoras de una realidad que explica la necesidad imperiosa de tomar medidas al respecto. Los uruguayos, que tradicionalmente nos consideramos pacíficos y enemigos de todo tipo de violencia, nos encontramos con un dato estremecedor: en el 39 por ciento de nuestros hogares, niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de maltrato (físico y/o psicológico). Como consecuencia de la violencia doméstica, cada nueve días muere una mujer (adulta o niña); cada 12 días y medio, una mujer en relación de pareja; cada 14 días y medio, un hombre (adulto o niño); y cada 52 días, un hombre en relación de pareja.

Estos altos –y alarmantes– índices de hechos catalogados como de «violencia doméstica» que registra nuestro país, deben movernos a la reflexión. Evidentemente, más allá de la miseria y la exclusión que están en el origen de los delitos contra la propiedad, puede apreciarse un clima de violencia instalado en nuestra sociedad; y particularmente, esa violencia es ejercida por hombres contra mujeres o de adultos contra niños.

A fines del año pasado, con motivo de un nuevo femicidio, decíamos lo siguiente: «Recordemos que, en proporción con su población, Uruguay se ubica muy por encima de la media internacional en lo que a violencia doméstica se refiere; en lo que va del año, son treinta y seis las mujeres asesinadas por quienes eran o habían sido sus cónyuges o concubinos. Hay, sin duda alguna, una violencia latente que emerge y se manifiesta como la única forma de relacionamiento entre los miembros de la comunidad. El problema radica en que la respuesta violenta parte, por lo general, de quien se sabe o se siente más fuerte: padres contra hijos, policías contra jóvenes, hombres contra mujeres.

Desde hace unos años, ante el aumento de la delincuencia y la creciente sensación de inseguridad que vive la población, se han venido intensificando los reclamos de la comunidad en el sentido de incrementar el rigor punitivo. Básicamente, la opinión pública demanda mayor eficacia policial y mayor severidad judicial.

Ahora bien, en lo concerniente a la violencia doméstica, bueno es recordar que se ha legislado específicamente en la materia y el Ministerio del Interior cuenta con reparticiones especiales donde radicar denuncias y que, se supone, deben brindar protección a los denunciantes vulnerables. No obstante, y en el caso concreto del drama ocurrido el sábado, quedó demostrado que las medidas legales y la tarea preventiva no son suficientes para sofrenar los arrebatos de violencia ejercida contra los más débiles».

Por ello, porque el incremento del rigor punitivo no opera como factor disuasivo, el Plan ha analizado la multicausalidad del fenómeno y se propone desarrollar una tarea educativa y de asistencia social que incluye programas de prevención, detección temprana, rehabilitación e investigación. Es así que se plantea, entre otros, una campaña de sensibilización en los medios masivos de modo que la comunidad vaya internalizando conceptos relativos al respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad.

Saludamos, pues, este impulso a la búsqueda de una solución a un grave problema social. Y hacemos votos por el éxito del plan, así como por un descenso significativo de los índices que nos avergüenzan. *