La caja de Pandora en el MTOP

No obstante las declaraciones de las autoridades que dejaron su cargo el 1 de marzo –en el sentido de que dejaban «la casa en orden» y que habían ofrecido toda la información a sus sucesores–, los nuevos jerarcas estatales siguen llevándose sorpresas múltiples a medida que transcurren los días y aparecen situaciones no detectadas.

Prácticamente en todas las reparticiones y organismos públicos se verifican irregularidades, desprolijidades y omisiones a las que deben hacer frente las nuevas autoridades. Pero quizá sea en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas donde se ha reunido el mayor cúmulo de desatinos.

No bien asumió al frente de su cartera, el ministro Rossi denunció la situación de la empresa concesionaria de la Ruta 1, encargada, además, de construir el nuevo puente sobre el río Santa Lucía. A poco de estudiar la realidad, el nuevo titular del MTOP detectó atrasos e incumplimientos varios respecto de lo estipulado en el contrato de concesión de obra pública y anunció una revisión de dicho contrato así como la posibilidad de rescisión del mismo.

El martes se informó de otro «hallazgo». En la desembocadura del arroyo Cufré a alguien se le ocurrió construir un embarcadero, obra de cuya necesidad, utilidad o pertinencia puede razonablemente dudarse, y que está sin terminar. El ministro ya ha dispuesto la revisión del expediente y su inclusión entre los asuntos que serán objeto de análisis por parte de la auditoría a realizarse en ese organismo.

De acuerdo con lo declarado por Rossi, la construcción del espigón ha deteriorado las playas de Colonia y deberá demolerse. El ministerio gastó cuatro millones de dólares y la demolición insumirá una suma aun mayor. Pero lo peor es que se decidió la construcción haciendo caso omiso a un dictamen de la Udelar que aconsejaba no llevar a cabo el proyecto por considerarlo inconveniente.

Al lado de otras calamidades, el hecho a que nos referimos puede parecer menor. Sin embargo, es elocuente respecto de la frivolidad criminal con que se han administrado los recursos estatales y los asuntos públicos. La investigación ordenada por el ministro actual establecerá las responsabilidades correspondientes, pero más allá de una eventual responsabilidad penal –que, reiteramos, sólo la auditoría podrá establecer–, emerge el manejo irresponsable que ha sido característico de las últimas administraciones. El gobierno del doctor Batlle no es el único responsable del descalabro; los doctores Sanguinetti y Lacalle también actuaron –por omisión o por comisión– con irresponsabilidad, ineptitud e impericia.

La sociedad uruguaya, que el 31 de octubre apostó mayoritariamente por un cambio, espera –con lógica expectativa– que este tipo de hechos sea aclarado, que se determinen responsabilidades y que se castigue a quienes hayan infringido las normas.

Y espera, también, que las nuevas autoridades sigan conduciéndose por la senda de la cristalinidad y la transparencia. *