El crimen del Paso Molino

Hoy se cumplen 33 años del asalto al local de la Seccional 20 del Partido Comunista por parte de efectivos de las Fuerzas Conjuntas armados a guerra. La «acción bélica» dejó un saldo de nueve muertos: ocho militantes comunistas y un integrante de las fuerzas de asalto. Este último –que el gobierno trató de hacer aparecer como abatido por los civiles que se hallaban dentro del local– cayó víctima de una bala disparada por sus propios compañeros.

Pocos hechos muestran de manera tan elocuente los extremos de barbarie a que llegó la represión contra los opositores sin importar en qué grupo político militaban. Lo ocurrido en la Seccional 20 del PCU el 17 de abril de 1972 fue una masacre –casi un genocidio– perpetrado por la insania criminal de un régimen que se encaminaba directamente a la dictadura y que aún intentaba mantener una fachada de legalidad merced a la obsecuencia de legisladores genuflexos y pusilánimes, que fueron cediendo poco a poco a la presión militar y aceptando las imposiciones cesaristas de un Ejecutivo puntillosamente obediente a los dictados del Departamento de Estado.

El crimen ocurrió poco más de un año antes del golpe de Estado, es decir fuera del plazo de impunidad otorgado a los terroristas de Estado que establece la Ley de Caducidad. Por tanto, nadie en su sano juicio podría argüir que aquella infamia está amparada por la norma vergonzosa. Sin embargo, todas las gestiones realizadas para enjuiciar a los culpables han tropezado con innumerables chicanas y con argumentos leguleyos que no son de recibo.

A fines de julio de 2003 escribíamos lo siguiente:

«Muchos de los ciudadanos que en abril de 1989 introdujeron en la urna la papeleta amarilla con la que se convalidaba la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado lo hicieron con la convicción de que de ese modo evitarían un colapso institucional.

El discurso oficialista de la época había logrado calar en el espíritu de buena parte del electorado, que aceptó finalmente renunciar a su aspiración de justicia sacrificándola en el altar de la normalidad institucional. Pero quienes optaron por lo menos malo no votaron una amnistía sin restricciones que otorgara impunidad también a los civiles responsables de terrorismo de estado, ni menos estuvieron de acuerdo con la tesis sanguinettista de no habilitar ningún tipo de investigación. (…)

Muchos de esos ciudadanos que de buena fe apoyaron la impunidad abrigaban la esperanza de que a cambio de ella, el gobierno democrático –y los que lo sucedieran– dispondrían lo necesario para depurar las Fuerzas Armadas de sus elementos más notoriamente comprometidos con las vesanias de los años de plomo; vale decir que supusieron que algunos connotados esbirros, ciertos personajes emblemáticos de la represión brutal, serían definitivamente alejados de los cuadros castrenses y no ocuparían cargo relevante alguno. Admitieron que no se castigara a los militares culpables de violaciones a los derechos humanos pero no resignaron su pretensión de conocer la verdad, de que se investigara a fondo y de que no se obstaculizara la acción de la Justicia en todos aquellos casos no contemplados en la Ley».

La conmemoración de tan doloroso episodio –como sin duda lo es el martirologio de ocho militantes– es oportuna para reafirmar, una vez más, la necesidad de que la Justicia actúe libremente, sin presiones de tipo alguno.

No se trata de un espíritu revanchista sino del más estricto apego a la ley. *