Los puntos sobre las íes

La conmemoración del 14 de abril es una de las rémoras de un pasado de oprobio, una herencia de la cultura del régimen cívico-militar que padecimos durante doce años y que, a cuatro lustros de su fin, todavía intenta mantener algunas de sus ideas fuerza.

Durante los años de plomo, la fecha era recordada como el «Día de los caídos en la lucha contra la subversión». Al asumir el primer gobierno democrático, el doctor Sanguinetti –a pesar de su prédica a favor de «no tener ojos en la nuca»– no se animó a suspender los actos oficiales y se contentó con rebautizar la conmemoración que pasó a llamarse «Día de los caídos en defensa de las instituciones». No otra cosa podía razonablemente esperarse de un gobernante que se ocupó tenazmente de generar en la sociedad la idea de que no había que irritar a quienes habían entregado el poder.

Sea como sea, la fecha siempre fue propicia para que los oradores se despacharan a gusto reivindicando todo lo actuado por el «proceso», en una retahíla de conceptos cavernarios con los que pretendían justificar las aberraciones cometidas al amparo del terrorismo de Estado; aberraciones y crímenes de los que jamás hubieron de dar cuenta merced a la Ley de Caducidad. Resultaba indignante oír a jerarcas castrenses y/o a civiles colaboracionistas tergiversar los hechos históricos y presentarse como defensores de la democracia y de la legalidad. En boca de quienes cometieron las peores atrocidades, violaron sistemáticamente los derechos humanos y pisotearon las instituciones, las invocaciones a Artigas y la afirmación de que su accionar era en defensa de las instituciones, resultó siempre una paradoja sublevante.

Tonto sería negar la importancia de los hechos ocurridos el 14 de abril de 1972. Al día siguiente, el diario francés Le Monde titulaba en portada: «Le vendredi rouge» (el viernes rojo), lo cual da la pauta de la conmoción que habían ocasionado en el ámbito internacional tanto las acciones guerrilleras como la réplica inmediata de las Fuerzas Conjuntas. En aquella jornada sangrienta fueron ejecutados el ex subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara, el subcomisario Oscar Delega, su chofer Carlos Leites y el capitán de la Armada Ernesto Motto. En represalia, efectivos de las Fuerzas Conjuntas allanaron varios escondites de la guerrilla –ya detectados con anterioridad– y mataron a ocho de sus ocupantes.

Estos acontecimientos luctuosos marcaron el comienzo de una escalada represiva sin precedentes, así como el protagonismo cada vez mayor –y ya incontenible– del elemento militar. Asimismo, los hechos del 14 de abril fueron debidamente explotados por el gobierno de Bordaberry para generar el clima propicio de modo que en el Parlamento se aprobara la suspensión de las garantías individuales y la declaración del «Estado de guerra interno», que significaron luz verde para todo tipo de tropelías contra todos los opositores al barrer. Fue, ni más ni menos, que el comienzo del terrorismo de Estado. Pocos días después, el 17 de abril, tuvo lugar el ataque contra la Seccional 20 del Partido Comunista, donde fueron asesinados ocho militantes de esa fuerza política.

Dicen Nahum, Cocchi, Maronna y Trochón en el tomo 10 de Historia Uruguaya, editado por Banda Oriental: «Para los partidos políticos fue progresivamente más difícil negar a los militares sus ‘leyes de excepción’, que fueron erosionando la Constitución y la democracia política. Cualquier opositor a ellas corría el riesgo de verse acusado de ‘aliado de la subversión’. Aunque algunos denunciaron estos hechos y los planes de los militares (Vasconcellos, Quijano, entre otros), la mayoría de la clase política calló o aceptó el progresivo recorte de sus facultades».

Corresponde aplaudir la decisión del gobierno de eliminar la conmemoración oficial del 14 de abril.

Es la mejor forma de acercarnos a la verdad histórica y de quitar protagonismo a quienes, lejos de defender las instituciones, las pisotearon. *