Una respuesta a la insensibilidad neoliberal

Entre las muchas –y diversas y contradictorias– razones por las que será recordado Juan Pablo II, creemos del caso resaltar su crítica implacable de un modo de producción que él llamó «capitalismo salvaje» y que no es otra cosa que el modelo neoliberal.

Huelga decir que Karol Wojtila no era socialista ni fue siquiera un pontífice «progresista» como sí lo fueron Juan XXIII y Pablo VI. Pero su denuncia reiterada de un modelo económico de efectos catastróficos sobre la humanidad lo enaltece. En sus homilías y discursos fue implacable en su condena al modelo de libre mercado, que demostró, en el lapso que lleva aplicándose, su capacidad de generar concentración de la riqueza y exclusión social. Exactamente lo opuesto a la doctrina cristiana. Es que el capitalismo es, en su esencia, contrario a las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo compatibilizar el amor al prójimo proclamado por el Nazareno con el afán de lucro, motor del crecimiento económico? ¿Cómo conciliar solidaridad e individualismo?

El modelo LACE (liberal, aperturista, concentrador y excluyente) ha generado su sustento ideológico en el pensamiento único, esa «viscosa doctrina que insensiblemente envuelve todo razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba ahogándolo», según la impecable definición de Ignacio Ramonet.

Ese modelo inmoral y anticristiano es el responsable de que en Uruguay –un país esencialmente productor de alimentos, con capacidad sobrada para dar de comer a todos sus habitantes– un tercio de su población se encuentre bajo la línea de pobreza y más de la mitad de los nacimientos ocurran en hogares pobres o indigentes. Es el responsable de la destrucción del aparato productivo, del cierre de fuentes de trabajo, de la desocupación (de la subocupación y el empleo precario), de la pérdida de poder adquisitivo del salario, de la ruptura del entramado social, del aumento de la delincuencia y un largo etcétera.

El modelo que alegremente varios economistas preconizaron durante años como panacea es, en definitiva, el responsable de que un gobierno progresista deba destinar una ingente suma de dinero a paliar la situación de angustia y desamparo en que viven sumidos cientos de miles de compatriotas.

El pasado viernes 1 de abril comenzó a dar sus primeros pasos el Panes, Plan de Atención Nacional para la Emergencia Social. Como dijimos en nuestro editorial del sábado 2, se trata de un hecho de enorme significación simbólica: «es el anuncio de la realización de un conjunto coordinado de actos de distintas oficinas estatales que, operando conjuntamente con la sociedad, se propone terminar con uno de los más graves flagelos que trajo aparejado para Uruguay el predominio neto de los gobiernos neoliberales».

Es perfectamente cierto –y las autoridades no lo ocultan– que el Plan de Emergencia no es más que un paliativo a la realidad desesperante que viven demasiados uruguayos. El país necesita imperiosamente que se impulsen medidas tendientes a recomponer el aparato productivo para generar puestos de trabajo genuinos y elevar el nivel salarial. Es la única solución sólida y duradera a los problemas de hambre, miseria y marginación.

Pero también es cierto que los resultados de las políticas de promoción y fomento de la producción y el trabajo se verán a largo plazo. Y un gobierno con sensibilidad social no puede permanecer ajeno al dolor de la gente, indiferente al drama social y sordo al clamor de un sector de la sociedad que no aspira sino a que se contemplen sus derechos. *