Asignaturas pendientes

El caso de Terry Schiavo abrió nuevamente el debate sobre la eutanasia en nuestro país. La explotación mediática que sufrió la penosa situación que atravesó la paciente y su entorno familiar instaló una vez más la polémica sobre un tema delicado en el que juegan factores científicos, éticos y religiosos.

En el transcurso de la presente Legislatura, los parlamentarios deberán abordar este y otros asuntos que, aunque espinosos, son asignaturas pendientes cuya definición es reclamada por la sociedad uruguaya y que la dirigencia política deberá rendir a satisfacción.

Entre ellos destaca particularmente la despenalización del aborto, un viejo reclamo de organizaciones feministas varias veces naufragado en la pusilanimidad o la hipocresía de algunos legisladores.

Es absolutamente imprescindible que el nuevo Parlamento analice, discuta y finalmente apruebe una norma en ese sentido, de manera que un hecho doloroso –como sin duda lo es un aborto– se vea desprovisto de esa aura maldita y sea asumido con responsabilidad por la pareja o la mujer que ha decidido interrumpir su embarazo, y con las máximas garantías sanitarias (quirúrgicas y psicológicas) para toda la población, no importa a qué estrato social pertenezca.

Si recordamos que en Uruguay se practican alrededor de treinta mil abortos por año, advertiremos el nulo efecto disuasorio que produce la incriminación del aborto. Es decir que, a pesar de la prohibición legal y del castigo de privación de libertad previsto para la mujer y para el médico, el número de abortos, lejos de disminuir, ha aumentado, así como también han aumentado las muertes como consecuencia de su práctica clandestina y sin control de Salud Pública.

Hace un año, cuando el Senado trataba el proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva, decíamos en un editorial: «No cabe otra conclusión como no sea que la perspectiva de sufrir una pena no desestimula a la mujer (o a la pareja) que ha resuelto interrumpir un embarazo.

Si tal es la realidad, ¿qué sentido tiene mantener la penalización? Evidentemente, la única razón de ser del castigo es la expiación de la culpa, una concepción por demás arcaica.

A diferencia de otras conductas tipificadas como delito en nuestro ordenamiento legal (como homicidio, estafa, hurto) nadie puede razonablemente afirmar que la práctica del aborto ofende a la sociedad del mismo modo que una rapiña o una violación. No creemos equivocarnos si sostenemos que la inmensa mayoría de la población entiende que la decisión de interrumpir un embarazo concierne exclusivamente a la mujer y eventualmente a su compañero. Salvo contadísimas excepciones, nadie que se entere de que una persona se ha practicado un aborto se siente indignada ni reclama que esa persona comparezca ante un tribunal de Justicia y sea condenada.

Debemos terminar con la hipocresía y con la prevalencia de prejuicios absurdos e inhumanos. Porque debemos reconocer que el castigo para quien ha decidido interrumpir un embarazo se basa en una mentalidad medieval que quiere que la mujer que ‘ha pecado’ –es decir que ha tenido trato carnal sin propósito de concebir– merece ser castigada; y el castigo consiste en hacerla cargar con ese hijo no deseado y hacerla asumir una responsabilidad que por alguna razón no está en condiciones de asumir.

No advierten, quienes adhieren a esta postura inmoral, que de ese modo se soslaya un hecho criminal: las inevitables consecuencias de todo orden que suele acarrear a la mujer, a su pareja y sobre todo a la criatura, la obligación de ser madre aunque no esté preparada para ello. Efectos materiales, morales y psicológicos que todos conocemos, incluidos quienes se oponen a la despenalización del aborto».

Esperamos un sinceramiento de los actuales legisladores y una actitud responsable al momento de volver a discutir el tema. *