Seguridad social: desubicación y controversia

Hace algunas semanas, más concretamente el 28 de febrero, día anterior a la posesión de su cargo de ministro de Economía, el contador Danilo Astori manifestó: «El Uruguay no va a modificar el sistema de seguridad social. Ya lo hemos adelantado, tanto el Presidente electo, como en nuestro caso». En primer término debemos aclarar que el hoy ministro de Economía fue uno de los legisladores que el 8 de agosto de 1995, en la Cámara de Senadores votó afirmativamente la Ley N° 16.713, que es la que rige actualmente el sistema de seguridad social y que transformó gran parte de ese sistema en privado. Por lo tanto comprendemos el afán del ministro en tratar de «sosegar» a la opinión pública y tratar de concientizarla de que el sistema va a quedar como está.

Lo que omite e ignora el ministro es la voluntad del Presidente de la República, quien al otro día, 1° de marzo, fue muy claro y basta repasar su discurso en el Palacio Legislativo por la noche: «En segundo lugar, un estudio profundo en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas de la situación de toda la seguridad social para mejorarla, ya que su situación es muy precaria».

Pero de acuerdo con estas declaraciones del ministro, el gobierno ya en funciones tendría que torcer el rumbo del programa de gobierno propuesto y apoyado por la ciudadanía, donde una sus propuestas, «Grandes Líneas Programáticas», de octubre de 2004, en su página 9 expresa: «Propiciaremos cambios en la estructura del gasto público e introduciremos verdaderas reformas en la educación, en la seguridad social y en la Administración Central». ¿Astori sabe qué votó la gente?

Pero además las manifestaciones del ministro de Economía son irrespetuosas con los cometidos que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, verdadero articulador ante el Poder Ejecutivo de todo lo inherente al sistema previsional. También ignora las competencias del Banco de Previsión Social en cuanto a la formulación de iniciativas legislativas, más allá de la inercia habitual que ha adquirido su directorio en los últimos doce años debido al accionar de su mayoría de integrantes políticos.

En contraposición, nos enteramos de que muy distinta es la posición del subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, doctor Jorge Ricardo Bruni Machín, quien en manifestaciones a la prensa ratificó la puesta en marcha de todas y cada una de las propuestas que el partido gobernante había asumido como compromiso ante la ciudadanía.

El subsecretario ratificó la voluntad del gobierno de rever la irreversibilidad de la afiliación a las AFAP por cuanto un Decreto del gobierno anterior, en seis días hábiles, originó la desafiliación de 5.333 trabajadores, hecho que da la pauta de que hay cosas que no funcionan bien dentro del sistema de seguridad social. Otra de las cosas a modificar es que las AFAP le paguen al BPS los gastos que aquéllas le originan al organismo previsional con motivo de la recaudación, inspección , fiscalización y traspaso de los fondos, recursos que, con la complicidad de los gobiernos anteriores, nunca se le resarcieron al Ente.

También se estudiará el tema de las comisiones leoninas que las AFAP aplican al trabajador, lo que da como resultado que recién dos años después de efectuado el aporte los trabajadores ven reflejado en sus cuentas el aporte original, producto del «mordiscón» que le dan los «administradores» en el momento en que es vertido el aporte por parte del BPS. «Nadie puede decir que las AFAP van a seguir tal cual están, ni nadie puede decir que las AFAP van a ser eliminadas de inmediato».

Esta posición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de plantear la discusión en la sociedad sobre la permanencia de estos organismos netamente financieros, coincide con la voluntad de las organizaciones sociales y con las posiciones asumidas por las unidades temáticas del partido de gobierno, a la vez que entran en colisión con lo que manifiesta y piensa el actual ministro de Economía.

Dijo además Bruni Machín que se discutirá por parte de la sociedad si las propuestas del BID y del Banco Mundial de subir la edad mínima para jubilarse de 60 a 65 años es posible o no. Lo que sí estima se debería hacer es bajar la cantidad de años de trabajo para jubilarse de 35 a 30 años, consecuencia de la imposibilidad de miles de trabajadores de poder probar su actividad, fundamentalmente por las condiciones en que trabajaron.

Como se ve, hay una gran diferencia a la hora de definir qué se hace con la seguridad social, pero estamos confiados en que la cancha la marca el Presidente de la República y en que los responsables de la administración del sistema conocen perfectamente el compromiso asumido, cuáles son los males que aquejan a la sociedad y por dónde atacar la enfermedad, la que debe ser erradicada por sobre el pensamiento selectivo, presuntuoso y arrogante de quienes deben separar sus posturas excesivamente singulares y reiteradamente antojadizas, del compromiso con la ciudadanía. *