Plan de Emergencia: la hora del cumplimiento y los desafíos

Desde el gobierno se anuncia que en los próximos días se iniciará la aplicación del plan social de emergencia, oficialmente denominado, Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes).

No se trata de una información oficial de carácter puramente administrativo, una noticia que se pueda incorporar a las rutinas de información que el Estado debe a la sociedad.

Se trata de una decisión de una enorme significación simbólica, es el anuncio de la realización de un conjunto coordinado de actos de distintas oficinas estatales que, operando conjuntamente con la sociedad, se proponen terminar con uno de los más graves flagelos que trajo aparejado para Uruguay el predominio neto de los gobiernos neoliberales: nos referimos al desinterés ante la injusticia, a la indiferencia ante el dolor, al desparpajo negligente ante la destrucción del tejido social.

Finalmente, después de muchos años, a todo eso el país va a decirle que no. Que no es insensible al drama de la pobreza, de la exclusión social, de la enfermedad, del hambre, del analfabetismo y del riesgo sanitario.

El solo enunciado del plan y la difusión de sus lineamientos generales son otro indicio de que el país se apresta a vivir un nuevo tiempo.

Resulta significativo el silencio de algunos sectores políticos y sociales. Al mismo tiempo las expectativas que se esparcen en la sociedad, en el seno de las cuarenta o cuarenta y cinco mil familias que se encuentran en la situación de pobreza extrema y serán las primeros beneficiarias de este movimiento solidario, de reparación humanitaria que el país entero le debía a los más pobres y que nuestra dignidad como nación hacía que nos debiéramos a nosotros mismos.

La atención del Plan de Emergencia Social, dispuesta por el gobierno, no será tarea fácil porque el deterioro social ha ido demasiado lejos como resultado de la inconmensurable frivolidad de los reaccionarios que ocuparon el poder hasta el 28 de febrero.

La atención a la pobreza habrá que realizarla con «las armas melladas» de un Estado empobrecido y malherido, atravesado por la desorganización, las corruptelas, el caos organizativo, la duplicación, o triplicación burocrática de «las áreas de responsabilidad» hacia los más desfavorecidos, que terminaron siendo sectores sociales en los que ninguna oficina del Estado resolvía seriamente nada.

Para el flamante elenco gubernamental se trata de un desafío a muchas puntas.

La experiencia en la ciudad de Montevideo, después de quince años de gobierno frenteamplista, ha permitido acumular un conocimiento empírico trascendente y con él habrá que contar para la ejecución de los nuevos planes.

Como ha dicho el doctor Tabaré Vázquez, la puesta en práctica de este Plan de Emergencia atañe a toda la sociedad y será necesario el concurso y el aporte de todos los sectores social y políticamente organizados.

Es claro que la responsabilidad de la gestión les cabe a los funcionarios y a las autoridades gubernamentales.

Pero la fecundidad de estos esfuerzos será tanto mayor cuanto mayor respaldo consciente encuentre en las distintas corrientes de opinión política y en todas las organizaciones sociales.

En muchas de nuestras repúblicas de América-la-pobre se han puesto en ejecución planes de ayuda social para atender situaciones de miseria extrema. Pero, como más de una vez se ha denunciado, muchas veces estos planes, generosamente inspirados y que entrañaron cuantiosos gastos para el Estado, fracasaron por los obstáculos puestos por las burocracias políticas, por la corrupción y el favoritismo.

De ahí la importancia de reiterar en el cumplimiento de este plan, con más dedicación que nunca, un esfuerzo constante por lograr los niveles más altos de transparencia y de participación.

Para que no caiga en saco roto la experiencia anterior, para que no se generen instancias de abuso de poder, para que el plan cumpla con los generosos y justicieros objetivos con que ha sido concebido. *