Nuevas autoridades para Entes Autónomos

Durante los primeros días de esta semana asumieron los cargos en varios importantes Entes Autónomos y Servicios Descentralizados las nuevas autoridades designadas por el gobierno progresista.

Para la opinión pública no se trató de una situación novedosa pues los nombres habían sido previamente anunciados siendo luego cumplidos los trámites ante el Poder Legislativo de otorgamiento de las venias para el cargo de acuerdo con lo exigido por la Constitución de la República.

En ese sentido no ha habido «novedades».

Tampoco las hubo en cuanto al enunciado de propósitos realizado por las nuevas autoridades.

En líneas generales se podría decir que los nuevos administradores se limitaron a anunciar lineamientos programáticos para cada empresa ya planteados públicamente durante la campaña electoral e incorporados al programa de la fuerza política que resultara vencedora el 31 de octubre de 2004.

En ese sentido tampoco se podría decir que hubo «innovaciones» espectaculares o inesperadas.

¿Qué fue entonces lo nuevo en Ancap, en el Banco de Seguros, en el Banco de Previsión Social, en OSE, en Pluna y demás?

Cualquier ciudadano que conozca medianamente el funcionamiento de esas importantes empresas públicas, que simplemente se haya acercado como usuario a los mostradores de las mismas, comprende fácilmente que lo inédito de las ceremonias de asunción de los cargos fue la multitudinaria presencia de público, especialmente de funcionarios, y el clima de entusiasmo y de esperanza que se traslucía en esa asistencia espontáneamente congregada.

Los funcionarios y el público presentes dieron muestra del sentimiento de recuperación para el país de un territorio en manos de operadores políticos que, salvo contadísimas excepciones, hicieron de las empresas públicas un ámbito para la obtención de beneficios propios, de prebendas y privilegios, de omisión de los contralores exigidos por la Ley y de entrega del patrimonio y de la soberanía nacional.

La existencia de este público haciéndose presente en los locales de las empresas para mostrar a viva voz su satisfacción y su apoyo a las nuevas autoridades, constituyen un hecho sin precedentes en la historia reciente del país.

Por un lado recuerdan las muestras de dignidad y orgullo nacional que expresara la población a comienzos del siglo XX cuando muchas de estas empresas nacionales fueron fundadas, cuando el pueblo uruguayo sentía que eran emprendimientos audaces y novedosos para un país nuevo y todavía económicamente débil.

En aquellos primeros decenios se puso en pie un proyecto de país que fue ejemplo para América Latina y para el mundo en más de un terreno.

Esas empresas públicas conocieron períodos de eficiencia ejemplar y dieron a sus usuarios, el pueblo uruguayo, la sustanciación de una calidad de vida que era envidiada incluso en las regiones más antiguas y ricas del planeta.

La mayor parte de esas empresas quedó luego en manos de una fracción de la clase política que hizo y deshizo de acuerdo a su real parecer y entender, que capituló, una y mil veces, ante las presiones o amenazas de las empresas trasnacionales, que hizo entrega de contratos leoninos que favorecieron a sectores acomodaticios del empresariado nacional, que se transformaron en sede de privilegios para amanuenses y paniaguados, para familiares y correligionarios de quienes se encontraban al frente de las mismas.

Durante el ciclo autoritario esas empresas fueron escenario de todo eso, agravado. Agravado porque en ese período se acalló las voces de jerarcas, de técnicos y de organizaciones gremiales que, en nombre de los intereses del país, denunciaban la malversación y el manejo inescrupuloso de esas palancas clave del trabajo nacional que son las empresas públicas.

Ahora el nuevo gobierno ha colocado la piedra fundamental para una recuperación de las mismas, capaz de convertirlas en significativos soportes para una estrategia de desarrollo económico-social de signo nacional, popular y democrático. *