La inseguridad pública como arma política de la derecha

No es una novedad para esta época ni en Uruguay ni en buena parte del mundo el hecho de que la inseguridad sea un recurso del que las derechas de todas partes hacen uso y abuso.

Al acusar, como se hace ahora, a las autoridades del Ministerio del Interior de tener una actitud que desconoce los derechos de la ciudadanía, que se despreocupa de las víctimas y sólo tiene en cuenta los Derechos Humanos de los presos, las derechas intentan un movimiento, de neto alcance ideológico, que les resulta terreno propicio en varios aspectos.

Actuando a través de un discurso simplificador, «impresionístico», que apela más a la emotividad que a la razón, los voceros de la derecha pretenden cosechar por varias puntas.

En primer lugar, que las nuevas autoridades no han hecho sino hacer público el estado de calamidad pública con que recibieron sus responsabilidades en el Ministerio del Interior.

El hacinamiento, el caos, la desatención sanitaria, la corrupción y el tráfico se arraigaron en la realidad carcelaria bajo los gobiernos blancos y colorados que fueron, como en tantos otros terrenos, absolutamente incapaces de hacerse cargo de ese grave problema social que afecta a una cifra que sobrepasa a las siete mil personas.

En segundo lugar, tampoco es responsabilidad de la nueva Administración el haber transformado a la sociedad uruguaya en una usina de fabricación de pobres, en un campo de jóvenes que nacen y se crían alejados de toda atención social.

Las consecuencias del neoliberalismo que se aplicó a ultranza en todos los países de la región han tenido como resultado situaciones como las tragedias de Carandirú, de las cárceles peruanas, la masacre reciente en Córdoba y decenas de otros ejemplos que proliferan en América.

En tercer lugar, ninguna autoridad ha formulado otras señales que no sean las de carácter humanitario, a las que nos obligan los tratados internacionales suscritos por el país y refrendados por ley en el Parlamento.

No es verdad, es una simplificación demagógica, un fraude ideológico inaceptable, el pretender que el gobierno se propone la liberación indiscriminada de presos. Las autoridades no han pasado de marcar la existencia de esa preocupación como la de tantos otros problemas heredados después del tsunami social provocado por las desigualdades económicas y la deserción del Estado para la atención de los problemas de empleo, salud, educación.

Instalado el problema en los términos en que la derecha lo hace, con la complicidad de algunos comunicadores sociales que se suben al carro, no resulta fácil, por lo menos ante una parte de la población trabajadora, que suele ser la más expuesta a la inseguridad pública, dejar en claro hacia dónde apuntan movimientos como este.

Esta situación también se vivió en Argentina y forma parte también de la retórica de todas las derechas del mundo.

Reposa sobre la muy discutible proposición de que el delito se combate endureciendo las penas o bajando la edad de «inimputabilidad».

Reposa también sobre la idea-fuerza de que las sociedades funcionan bien cuando se aplican políticas de mano dura, cuando se refuerzan los componentes represivos y autoritarios y se olvidan preceptos legales, constitucionales y humanitarios de primera magnitud.

Como lo demostrara recientemente en una polémica televisiva el legislador frenteamplista Orrico, Uruguay ya ha experimentado hasta qué punto no es con la mano dura que se garantiza la seguridad pública. Basta mirar con atención cuál ha sido nuestra experiencia en la materia para saber que aquí, como en el resto del mundo, los caminos son otros y requieren, de la sociedad y del Estado, la realización de políticas serias, inmediatas pero también de mediano y largo plazo, para reconquistar el derecho a una seguridad que una parte de la población considera hoy vulnerada. *