El combate a la delincuencia

Tal como se ha informado por estos días, dirigentes del gremio transportista se han reunido con reclusos en el Comcar a los efectos de evitar las reiteradas rapiñas –muchas de ellas con víctimas fatales entre los obreros– de que son objeto guardas, choferes y taxistas.

En razón de que su tarea implica estar en posesión de dinero en efectivo, los obreros transportistas se han vuelto presa codiciada de los delincuentes, y ha retomado impulso la idea de implementar modos de pago –tanto para taxímetros como para autobuses– que eliminen las transacciones en dinero, tales como tarjetas magnéticas o compra anticipada de boletos. Sea cual sea la solución a que se arribe, es decir el medio de pago que se adopte, es una forma adecuada de evitar que los transportistas sigan siendo objeto de rapiñas.

Pero la alarma social por el aumento de la actividad delictiva, la sensación de inseguridad que vive la población a raíz del incremento de la delincuencia, está abonada por la reiteración cada vez más frecuente de otras modalidades delictivas contra particulares y comerciantes. Como consecuencia de ello, han surgido movimientos civiles que plantean su legítima necesidad de vivir y trabajar en paz sin temer la acción de los delincuentes.

Más de una vez hemos expresado nuestra convicción de que el temor de la población y la sensación de inseguridad son perfectamente explicables porque objetivamente la ciudad se ha vuelto insegura. Pero ocurre que la sociedad uruguaya parecería estar recibiendo la influencia de un fenómeno que podríamos llamar «blumberismo», es decir la protesta civil masiva en reclamo de que las autoridades actúen con la severidad y el rigor necesarios para prevenir y reprimir el delito.

Es cierto que en toda sociedad civilizada y organizada mediante normas de convivencia, es preciso prevenir y reprimir las conductas que se apartan de esas normas y castigar al infractor. Para eso están precisamente la Policía y la Justicia. Pero cuando se produce un aumento de la actividad delictiva, cuando se incrementa el número de delitos bastante más allá del crecimiento de la población, las soluciones no pueden limitarse a aumentar el número de efectivos policiales o a profundizar el rigor punitivo de las leyes; no es pertinente pretender resolver el problema apuntando sólo al castigo, lo que implica aumentar en forma sostenida la capacidad locativa de los establecimientos de reclusión.

Se trata de respuestas inmediatas que no van a las causas del fenómeno. Los hechos sociales no son caprichosos; no ocurren porque sí. Y el aumento de la violencia delictiva no obedece a que súbitamente algunos ciudadanos hayan optado sin razón alguna por incrementar su patrimonio por medios ilícitos. Antes bien, detrás del aumento de la delincuencia hay una realidad de miseria que empuja a los excluidos a infringir la ley para obtener lo que el sistema les niega.

Es preciso, pues, combatir la delincuencia, tal como lo pide la sociedad; pero es fundamental no perder de vista que ese combate será victorioso sólo si se atacan las causas profundas del mal.

Las nuevas autoridades de gobierno están encaminando los pasos precisamente a hallar soluciones globales al problema. En primer lugar, el Panes apunta a combatir las causas del deterioro social. Y por otro lado, desde el Ministerio del Interior se ha lanzado la iniciativa de propiciar una amnistía que comprenda a primarios que ya hayan cumplido la mitad de su condena, como forma de descomprimir la situación explosiva e inhumana que se vive en las cárceles.

Asimismo, empieza a prevalecer la idea de que el incremento del rigor punitivo no opera como elemento disuasivo y, por el contrario, no hace sino aumentar la población carcelaria convirtiendo a las prisiones en meros depósitos de infractores; y lejos de cumplir el fin establecido en la Constitución, las cárceles se vuelven escuelas de delincuencia. *